La decisión del Gobierno argentino de avanzar hacia una eventual adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) abrió una pregunta de fondo para la política exterior nacional: ¿puede ese proceso tener algún impacto sobre el reclamo de soberanía argentino por las Islas Malvinas?
La respuesta corta es que la adhesión al CPTPP no modifica por sí misma la posición jurídica argentina sobre Malvinas. Pero la respuesta completa es más delicada: el Reino Unido ya es miembro del tratado y, en su documentación de adhesión, dejó abierta una vía para extender en el futuro el alcance geográfico del acuerdo a territorios que Londres presenta como bajo su responsabilidad internacional. Dentro de ese universo, el informe del grupo de trabajo que evaluó el ingreso británico menciona expresamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, bajo la denominación utilizada por el Reino Unido.
Ese punto no implica que el CPTPP se aplique actualmente a Malvinas. De hecho, al momento del ingreso británico, el tratado se aplicó al Reino Unido y, con distintos alcances, a las dependencias de la Corona. Los territorios que Londres denomina de ultramar no quedaron incorporados automáticamente.
Sin embargo, la documentación británica y del propio proceso de adhesión señala que existe un mecanismo de extensión futura. Ese mecanismo permitiría ampliar la aplicación del acuerdo a territorios que el Reino Unido considera bajo su responsabilidad internacional, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes y exista acuerdo de las partes. Para la Argentina, el problema no es comercial en sentido estricto, sino soberano: Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son territorios argentinos sujetos a una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
Por eso, si la Argentina avanza en el proceso de adhesión al CPTPP, debería incorporar una salvaguarda expresa sobre la Cuestión Malvinas. El objetivo no sería bloquear toda negociación comercial, sino evitar que la incorporación al tratado pueda ser leída como una aceptación tácita de definiciones territoriales británicas o de una eventual extensión del acuerdo a las islas bajo administración británica, administración que la Argentina no reconoce como título soberano.
La diferencia entre “riesgo jurídico automático” y “riesgo diplomático” es clave. No hay un mecanismo por el cual la Argentina, al iniciar su adhesión al CPTPP, reconozca la soberanía británica sobre Malvinas. Tampoco existe una aplicación vigente del tratado a las islas. Pero sí hay un antecedente documental que debe ser atendido: el Reino Unido negoció su ingreso dejando abierta la posibilidad de extender el CPTPP a territorios que Londres identifica como propios o bajo su responsabilidad internacional.
En términos prácticos, hay dos escenarios posibles. El primero es que la Argentina ingrese al CPTPP antes de cualquier intento británico de extender el acuerdo a Malvinas, Georgias del Sur o Sandwich del Sur. En ese caso, al ser parte del tratado, Buenos Aires tendría que intervenir en cualquier decisión que requiera consenso entre los miembros sobre la extensión territorial. Eso incluso podría darle una herramienta formal de objeción.
El segundo escenario es más problemático: que el Reino Unido impulse una extensión territorial antes de que la Argentina complete su adhesión, o que el tema quede incorporado como parte del paquete jurídico existente al momento de negociar el ingreso argentino. En ese caso, Buenos Aires debería dejar asentada una reserva, declaración interpretativa o cláusula de no perjuicio para que nada en el proceso de adhesión afecte su reclamo soberano.
Ese tipo de cláusulas no sería extraño en la práctica diplomática argentina. La política exterior nacional suele recurrir a fórmulas de “no reconocimiento” o “sin perjuicio de la posición argentina” cuando participa en instrumentos, foros o documentos donde aparecen denominaciones, mapas, jurisdicciones o referencias territoriales vinculadas a Malvinas. En este caso, la necesidad sería similar: asegurar que la relación con el CPTPP no altere la posición argentina sobre la disputa.
La discusión también tiene un costado político. El CPTPP es presentado por el Gobierno como una oportunidad para ampliar mercados, atraer inversiones y vincular a la Argentina con economías del Indo-Pacífico y del Pacífico americano. Pero el hecho de que el Reino Unido sea miembro del bloque obliga a mirar el expediente no solo desde la óptica comercial, sino también desde la política soberana.
El problema no es que Argentina negocie dentro de un espacio donde también participa el Reino Unido. La Argentina mantiene vínculos multilaterales con Londres en organismos internacionales, tratados globales y foros económicos sin que eso implique renunciar a Malvinas. El problema sería ingresar sin una estrategia jurídica clara frente a cualquier referencia territorial británica que pueda incluir, directa o indirectamente, a las islas.
La pregunta de fondo, entonces, no es si el CPTPP anula el reclamo argentino. No lo hace. La pregunta correcta es si una adhesión mal diseñada, sin reservas ni declaraciones de no reconocimiento, podría generar ambigüedades diplomáticas aprovechables por el Reino Unido. Y ahí la respuesta es sí: puede generar un flanco si no se blinda correctamente.
La Argentina debería exigir que cualquier documento de adhesión, negociación o aceptación del tratado incluya una fórmula clara: nada en la participación argentina en el CPTPP podrá interpretarse como reconocimiento de la soberanía británica sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, ni como aceptación de una eventual extensión del tratado a esos territorios bajo ocupación británica.
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