El gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, enfrenta una dura realidad luego de que Estados Unidos decidiera suspender parte de la ayuda destinada a combatir el narcotráfico en el país. La medida, aún no oficializada, se atribuye a la decisión del gobierno colombiano de suspender la erradicación de cultivos de coca, lo que ha generado descontento en Estados Unidos.
La ayuda que Colombia perdería proviene de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, la cual ha brindado asistencia técnica, capacitación y apoyo operativo a las fuerzas militares colombianas en la lucha contra el narcotráfico desde 1985.
La decisión de suspender la ayuda estaría motivada por el aumento significativo de los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia durante el último año bajo el gobierno de Gustavo Petro, según información proporcionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta situación ha llevado a que Estados Unidos considere que Colombia no está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico, lo que podría llevar a declarar al país como un “país que ha fallado” en esta materia.
La suspensión de la ayuda de la INL tendría un impacto grave en la capacidad del gobierno colombiano para combatir el tráfico de drogas, desmantelar organizaciones criminales transnacionales, llevar a los delincuentes ante la justicia, brindar seguridad y gobernanza a comunidades rurales remotas, y mejorar la seguridad regional.
Programas como el de aviación, que proporciona movilidad aérea fundamental a la Policía Nacional de Colombia (PNC) para apoyar las operaciones de erradicación e interdicción, se verían afectados. Sin este respaldo, la PNC enfrentaría dificultades para acceder a las zonas montañosas donde se concentran los cultivos ilícitos y para brindar servicios policiales, seguridad rural y respuesta a emergencias en regiones que antes no contaban con este apoyo.
Además, los programas de interdicción que proveen capacitación especializada, equipo, infraestructura y apoyo logístico para las operaciones antinarcóticos también se verían afectados. Estas actividades son fundamentales para interrumpir el flujo de narcóticos ilícitos hacia Estados Unidos, fortaleciendo las capacidades de interdicción aérea, terrestre, marítima y fluvial de la PNC, el Ejército Colombiano, la Armada y la Fuerza Aérea.
La suspensión de la ayuda también tendría implicaciones en los esfuerzos para combatir delitos ambientales, como la minería ilegal y el tráfico ilegal de vida silvestre, los cuales a menudo están relacionados con grupos criminales involucrados en el narcotráfico. Estos programas fortalecen las instituciones colombianas a través de capacitación, tecnología y coordinación interinstitucional para mejorar los procesos y condenas por estos delitos.
La decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda en la lucha contra el narcotráfico representa un golpe duro para el gobierno de Gustavo Petro, quien ha mostrado una postura complaciente y permisiva hacia los cultivadores de coca y los grupos narcotraficantes, buscando incluirlos en lo que él denomina “la paz total”. Las decisiones de suspender la erradicación forzosa de cultivos de coca y descartar la fumigación aérea han generado preocupación y malestar en Estados Unidos, que considera a Colombia como un aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico y ha invertido grandes sumas de dinero en este objetivo.
Con la suspensión de la ayuda de la INL, Estados Unidos envía un mensaje claro al gobierno de Gustavo Petro: no tolerará un relajamiento en la política antinarcóticos que ponga en riesgo la seguridad regional y la salud pública de los estadounidenses.
