Habitantes de las Islas Malvinas entrevistados por el diario británico Daily Express acusaron a la Argentina de sostener una “guerra económica” contra el archipiélago, al señalar que Buenos Aires sigue condicionando la conectividad aérea, la actividad turística y parte de la logística regional vinculada con las islas. La denuncia apunta, en términos políticos, al actual gobierno de Javier Milei, aunque afirman que las restricciones remiten a una política de Estado argentina que atraviesa varias administraciones.
Uno de los testimonios centrales fue el de Tony Smith, guía de turismo, quien afirmó que la Argentina hoy no está en condiciones de intentar una guerra como en 1982, pero sí de seguir ejerciendo presión por otras vías. En ese marco, mencionó como ejemplos los obstáculos sobre la industria pesquera offshore, los cruceros y, especialmente, la imposibilidad de reactivar una segunda conexión aérea desde Sudamérica, que los isleños consideran clave para desarrollar el turismo terrestre y ganar flexibilidad logística.
El punto más concreto del reclamo pasa por los vuelos. Actualmente, la principal conexión comercial regional de las islas sigue siendo la ruta de LATAM entre Punta Arenas y Monte Agradable (Mount Pleasant), con escala periódica en Río Gallegos. La conexión adicional entre San Pablo y las islas con escala mensual en Córdoba, que había comenzado a operar en 2019, fue retirada por el gobierno argentino mediante el Decreto 112/2023. En ese momento, la Cancillería justificó la decisión al afirmar que la prioridad argentina debía ser una mayor conectividad directa entre el territorio continental y las islas, y no un esquema que consolidara conexiones sin participación argentina en el tramo principal.
En paralelo, los testimonios recogidos por el medio británico también apuntan a problemas en el tráfico marítimo y sanitario. El ex Royal Marine Gary Clement sostuvo que la Argentina sigue dificultando ciertas operaciones logísticas y médicas, al punto de condicionar vuelos de evacuación o traslados que en algunos casos deben resolverse vía Uruguay en lugar de Chile. El artículo además recuerda antecedentes regionales de presión sobre embarcaciones vinculadas a las islas y el cierre de puertos del Mercosur a barcos con bandera kelper, una política que en la última década fue uno de los principales instrumentos de la presión diplomática argentina sobre el archipiélago.
La tensión convive, sin embargo, con una estrategia política distinta a la de décadas anteriores. Milei viene sosteniendo que la Argentina debe insistir en la recuperación de las islas por vía diplomática y sin buscar un nuevo conflicto con el Reino Unido. Reuters informó en diciembre que el presidente mantiene esa línea y que su gobierno incluso avanzó en conversaciones con Londres sobre temas sensibles derivados de la guerra. En ese contexto, la queja kelper expone una contradicción que seguirá abierta: mientras Londres y Stanley leen determinadas restricciones como formas de presión económica, Buenos Aires las presenta como parte de una política soberana de largo plazo sobre Malvinas.
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Las Islas son argentinas por derechos históricos, jurídicos y grográficos, está ratificado legítima e imprescriptiblemente por la Constitución Nscional y, en consecuencia, puede hacer lo que tenga que hacer respetando el modo de vida de los habitantes y los principios del derecho internacional porque la RECUPERACIÓN ES UN OBJETIVO PERMANENTE E IRRENUNCIABLE DEL PUEBLO ARGENTINO (DTPCN).