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El cierre de gobierno o shutdown más largo en la historia de Estados Unidos terminó con la firma del presidente Donald Trump de una ley de financiamiento que permitió descongelar las partidas federales luego de 43 días y millones de afectados por la parálisis del aparato estatal.
El apuro por destrabar la situación puede observarse en las horas en que se dieron estos vertiginosos eventos; el lunes se produjo el primer gran avance en el Senado, donde ocho legisladores demócratas se desmarcaron de su partido para acompañar el proyecto republicano. Esta legislación aseguró el fondeo de distintas agencias y departamentos federales al menos por enero, mientras que en el caso de otras por todo el año fiscal. A cambio, el oficialismo se comprometió a recontratar a todos los trabajadores estatales despedidos durante el shutdown, pagar los sueldos adeudados y realizar en diciembre una votación -de resultado incierto- para definir la extensión o extinción de los subsidios a los seguros de salud para personas de bajos recursos, la demanda con la que la oposición azuzó durante todo el cierre de gobierno.
Como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, había dado receso a los miembros de este órgano a mediados de septiembre, los representantes debieron viajar de urgencia el miércoles. Esa misma noche llevaron adelante la votación, y poco después el presidente Trump puso la firma antes de que concluyera el día.
La presión social para acabar con el cierre de gobierno era grande: cientos de miles de trabajadores del sector público estaban licenciados o trabajando sin cobrar su sueldo, distintos aeropuertos del país tuvieron demoras por falta de controladores aéreos y millones de estadounidenses tuvieron que modificar su dieta por la pausa en la provisión de los subsidios alimentarios SNAP (Supplementary Nutrition Assistance Program), entre otros inconvenientes causados por la falta de acuerdo bipartidario sobre las partidas presupuestarias.
De hecho, el mismo Trump puso el shutdown como uno de los motivos centrales de las amplias derrotas republicanas en las elecciones a gobernador de Virginia, Nueva Jersey y la carrera por la alcaldía de Nueva York. “Si leen las encuestadoras, el cierre de gobierno fue un gran factor negativo para los republicanos”, dijo ante senadores de su partido la noche siguiente a los comicios. El presidente propuso entonces que los republicanos eliminaran el filibusterismo, el mecanismo que permite retrasar una ley hasta tanto no haya una mayoría de 60 legisladores, lo que obliga a la negociación bipartidista.
Sus legisladores aliados prefirieron no hacerle caso, ya que en el pasado utilizaron este recurso para bloquear iniciativas demócratas, y en cambio negociaron con algunos de sus colegas del otro partido para que aceptaran la propuesta. De esta manera, un grupo de ocho opositores, entre los que hay tres exgobernadores, apoyaron la iniciativa para poner fin al cierre institucional más largo en la historia de Estados Unidos.
Una vez que firmó la legislación para reabrir el gobierno, el presidente Trump buscó poner todo este período turbulento a su favor en la balanza electoral: “Solo quiero decirles a los estadounidenses, no deben olvidar esto. Cuando vengan las elecciones de medio término y otras cosas, no olviden lo que [los demócratas] le hicieron a nuestro país”.
Las críticas a los demócratas también llegaron desde la misma bancada opositora, así como el espectro nacional de sus referentes, que cuestionaron a sus correligionarios que apoyaron la iniciativa republicana. “No estoy yendo a golpear a nadie en la cara”, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, visto como uno de los principales opositores a Trump, “pero no me alegra que, frente a la especie invasiva que es Donald Trump, que cambió completamente las reglas de juego, sigamos jugando bajo las viejas reglas del juego”.
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