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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró el pasado martes que su gobierno impulsará una investigación independiente sobre la reciente operación policial del 28 de octubre en Río de Janeiro, que dejó al menos 121 muertos, incluidos cuatro policías. “Es importante analizar en qué condiciones ocurrió”, sostuvo el mandatario en declaraciones realizadas antes de la cumbre climática COP30.
En este sentido, Lula sostuvo que “la orden del juez era que se ejecutaran órdenes de arresto, no que se cometiera una matanza; sin embargo, hubo una matanza”. Añadió que, “en términos del número de muertos, algunos pueden considerar la operación un éxito. Pero desde el punto de vista de la actuación del Estado, creo que fue desastrosa”.
Por su parte, el gobierno estatal de Río, bajo la conducción del gobernador Cláudio Castro, calificó el operativo de éxito, afirmando que los fallecidos eran delincuentes. “Las únicas víctimas reales fueron los agentes asesinados”, declaró el gobernador. La operación policial, considerada la más mortífera en la historia de Brasil, tenía como objetivo a la organización criminal Comando Vermelho, que controla el narcotráfico en varias favelas de la ciudad.
Pero las reacciones del episodio ya se traducen en protestas ciudadanas en Río de Janeiro, así como en pronunciamientos de organismos internacionales y defensores de derechos humanos, que exigen esclarecimiento y responsabilización. Mientras tanto, la identificación de los cuerpos avanza y algunas fuentes estiman que el número de muertos podría superar los 130.
Supera al Carandiru: una herida abierta en la memoria brasileña
Hasta ahora, el operativo policial más letal de Brasil había sido el Massacre del Carandiru, ocurrido en São Paulo en 1992, cuando una intervención penitenciaria dejó 111 presos muertos. El hecho marcó un punto de inflexión en la historia de la violencia institucional del país y continúa siendo un símbolo de la impunidad policial.
La operación de esta semana supera esa cifra, lo que la convierte en un nuevo punto crítico en la relación entre el Estado brasileño y las comunidades periféricas. Además, promovió el debate sobre la seguridad pública y la militarización. Expertos en seguridad consultados por medios locales advirtieron que el modelo de “guerra contra el crimen” implementado en varios estados brasileños está generando un círculo vicioso de violencia, con operativos cada vez más letales y escasos resultados estructurales.
Este hecho coloca al Gobierno de Lula en un dilema
Este suceso coloca al Gobierno de Lula en un dilema, ya que por años buscó posicionar a los derechos humanos como uno de los pilares de Brasil, pero enfrenta simultáneamente una fuerte demanda pública de mayor acción contra el crimen organizado. Sin una reforma profunda de las fuerzas de seguridad y una estrategia interinstitucional de inclusión social, el Estado brasileño continuará enfrentando un conflicto interno que ya excede los límites del orden público y toca la fibra misma de su democracia.
Lo cierto también es que esta escalada de violencia en las favelas de Río refleja un fenómeno más amplio en la región: la expansión del crimen organizado, la debilidad institucional y la creciente militarización de la seguridad interna. El aumento de los enfrentamientos armados, la ausencia de políticas sociales sostenibles y la falta de rendición de cuentas consolidan un escenario de inseguridad crónica y fragmentación territorial.
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