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Los despliegues de tropas de la Guardia Nacional en distintas ciudades de Estados Unidos que Donald Trump propone como supuesta respuesta a la criminalidad -hasta ahora, siempre en alcaldías gobernadas por demócratas afroamericanos- y las protestas por sus operativos contra la inmigración ilegal no se concretan con la velocidad que el republicano pretende. Los rechazos judiciales y políticos a la medida espiralizaron las amenazas del presidente, quien llegó a blandir un acta del siglo XIX para enviar al ejército como su próximo paso si el sistema sigue trabando su militarización de la seguridad urbana.
La semana pasada, cuando oficiales de las fuerzas armadas estadounidenses en todo el mundo fueron convocados al Pentágono para un mensaje del mandatario y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, Trump les dijo que sus tropas podrían utilizar las ciudades del país como “campos de entrenamiento”, ya que la nación enfrentaba “un enemigo interno”. Estas palabras hicieron a muchos sospechar que la Casa Blanca pudiera, llegado el caso, invocar la Insurrection Act, en rigor un conjunto de estatutos promulgados entre 1792 y 1871, que le permite al presidente desplegar al ejército o federalizar las guardias nacionales estatales para acallar una rebelión contra el gobierno federal.
Los temores se profundizaron por obra del presidente el mismo lunes, cuando dijo que estaba dispuesto a invocar la Insurrection Act: “Si tuviera que decretarla, lo haría, si las personas estuvieran siendo asesinadas y las cortes nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos frenaran”.
El mensaje desde el Salón Oval llegó después que una jueza federal bloqueara por segunda vez en dos días su iniciativa de desplegar efectivos de la Guardia Nacional -unidad de reserva de las fuerzas armadas que cada estado administra en su jurisdicción- en la ciudad de Portland, Oregon. Trump, que se refirió a este centro urbano como “un ardiente hoyo del infierno”, intentó movilizar tropas de la Guardia Nacional de California para saltear el bloqueo al uso de la de Oregon, que le había sido negado el sábado. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newson, calificó esta nueva maniobra frustrada por la justicia como “un abuso de poder que te quita el aliento”.
Más temprano el lunes 6, el subdirector de políticas y asesor de seguridad nacional Stephen Miller pareció invocar la palabra que hiela a los demócratas cuando señaló que la administración republicana se enfrenta a una “insurrección legal”. En este sentido, señaló que los fallos que desafían las iniciativas de la Casa Blanca equivalen a “una insurrección contra las leyes y la constitución de los Estados Unidos“.
Cómo sigue el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Estados Unidos
Actualmente, ya hay tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington D.C., donde la ley respecto a las facultades del presidente es más laxa, y en Memphis. Además de en Portland, también se disputa en tribunales el arribo de estos efectivos a las ciudad de Chicago.
En la ciudad de los vientos, el lanzamiento en septiembre de un operativo a gran escala para arrestar migrantes ilegales generó una tensión que pronto dio pie a Trump para amenazar con el despliegue de la Guardia Nacional, de manera similar a lo que ocurrió en California cuando se enviaron tropas a Los Ángeles. A modo de respuesta, el gobernador del estado de Illinois (del que Chicago es su ciudad más poblada), JB Pritzker, prometió demandar al gobierno federal. Tanto él como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, acusaron al presidente republicano de autoritario.
Mientras tanto, la ciudad que vio crecer a Elvis Presley ya es patrullada por fuerzas de la Guardia Nacional, que forman parte de la “fuerza de tareas Memphis Segura”. A diferencia del caso de Illinois y Oregon, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, apoyó la llegada de los efectivos, al decir que “Memphis es una ciudad de categoría mundial con una histórica oportunidad para encarar su desafío de seguridad”. Por su parte, el alcalde Paul Young admitió haber solicitado asistencia federal en octubre de 2024, esperando refuerzos de agencias federales como el FBI, pero repuso que “no había pedido por la Guardia Nacional”, y que la respuesta de Washington D.C. había “sido más de lo que tenía en mente”.
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