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La Corte Suprema de Brasil impuso prisión domiciliaria al expresidente, Jair Bolsonaro, antes de su juicio por presunto golpe de Estado en el año 2022. Esta decisión generó un fuerte impacto a nivel interno e internacional, elevando las tensiones con Estados Unidos, particularmente con el presidente Donald Trump, aliado del exmandatario brasileño.
En este sentido, el juez Alexandre de Moraes ordenó el arresto domiciliario tras constatar reiterados incumplimientos por parte de Bolsonaro a las restricciones judiciales previamente impuestas. Las condiciones incluyen el uso obligatorio de una tobillera electrónica, la prohibición del uso de redes sociales, del contacto con diplomáticos o su hijo Eduardo Bolsonaro, y la entrega de su celular personal. Solo sus abogados y personas autorizadas podrán visitarlo durante este período, que se extiende desde las 19:00 hasta las 07:00 horas.
Dicha medida responde a lo que el tribunal consideró como una intención sistemática de eludir la justicia. En particular, se identificaron actos deliberados para manipular la opinión pública y fomentar el descrédito institucional, incluyendo la participación indirecta en manifestaciones y la coordinación con actores internacionales. Estas acciones fueron vistas por la justicia brasileña como una amenaza concreta al proceso democrático y una obstrucción al funcionamiento judicial.
Estados Unidos responde a la medida de Moraes
Desde Washington, la respuesta fue inmediata. El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la orden de arresto domiciliario y afirmó, citado desde Reuters, que el juez Moraes estaba utilizando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia, añadiendo que el Gobierno estadounidense “responsabilizaría a todos aquellos que ayuden e instiguen conductas sancionadas”.
El organismo norteamericano no proporcionó detalles, aunque Trump dijo que Estados Unidos aún podría imponer aranceles más altos a las importaciones brasileñas. Esta escalada provocó una grave tensión diplomática entre ambos países, con el presidente Lula da Silva denunciando las medidas como una injerencia directa en la soberanía de Brasil.
El entorno de Bolsonaro defiende su inocencia
Por su parte, el entorno de Bolsonaro defendió la inocencia del exmandatario. Su equipo legal anunció que apelará la decisión y argumenta que no existe evidencia clara de violación a las órdenes judiciales. Aun así, esta no es la única causa que enfrenta, el Tribunal Superior Electoral ya lo declaró inelegible hasta 2030, y sigue siendo investigado por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 que dieron como ganador a su rival Luiz Inácio Lula da Silva.
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