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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles durante el fin de semana, en respuesta a una serie de protestas que estallaron tras redadas migratorias realizadas por autoridades federales. La medida, ejecutada sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, representa una ruptura con los procedimientos federales tradicionales y suscitó un rechazo generalizado, ya que se trata del primer caso en décadas en el que la Guardia Nacional es activada dentro de un estado sin la solicitud de su gobernador, según el Centro Brennan para la Justicia.
En este sentido, dichas manifestaciones comenzaron el viernes en el centro de Los Ángeles y se extendieron el sábado hacia las ciudades de Paramount y Compton, zonas de mayoría latina. Los disturbios se intensificaron cuando los manifestantes intentaron bloquear vehículos de la Patrulla Fronteriza cerca de un establecimiento de Home Depot en Paramount. El Departamento de Seguridad Nacional informó que más de 100 inmigrantes fueron arrestados durante la semana, y que entre los detenidos figura un reconocido dirigente sindical, acusado de obstruir la labor de las autoridades.
El despliegue de tropas se limitó inicialmente a una pequeña zona del centro de Los Ángeles, mientras el resto de la ciudad, con una población superior a los cuatro millones de habitantes, permaneció relativamente en calma. Sin embargo, el contexto general fue marcado por la tensión entre el gobierno federal y las autoridades californianas.
Por su parte, el gobernador Newsom calificó la decisión presidencial como una provocación innecesaria, que “solo escalará las tensiones”, y denunció que la intervención federal se realizó sin coordinación alguna con el estado. Mientras que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también expresó su rechazo al despliegue, señalando que podría derivar en una crisis de derechos civiles si no se garantiza la protección a los manifestantes pacíficos.
Trump defiende una decisión que tuvo respaldo y muchas críticas
Desde el gobierno federal, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la decisión asegurando que la Guardia Nacional tiene el mandato de “mantener la paz y permitir que la gente pueda protestar, pero también de garantizar el orden”. En paralelo, el presidente Trump recurrió a su plataforma Truth Social para justificar la intervención, acusando tanto al gobernador como a la alcaldesa de no poder controlar la situación. “Si el gobernador Gavin Newscum, de California, y la alcaldesa Karen Bass, de Los Ángeles, no pueden hacer su trabajo, que todo el mundo sabe que no pueden, entonces el Gobierno Federal intervendrá y resolverá el problema”, escribió, usando su habitual apodo despectivo para referirse a Newsom.
A nivel nacional, la medida recibió apoyo de algunos legisladores republicanos, como el senador Ron Johnson, quien sostuvo que la situación debía ser controlada por la Guardia Nacional, aunque evitó apoyar un despliegue de militares activos. En esta misma línea, organizaciones como la ACLU denunciaron que el uso de fuerzas militares para responder a protestas civiles podría constituir una violación a la Primera Enmienda y al principio de separación de poderes.
