El Gobierno de Javier Milei oficializará una reforma estructural del régimen migratorio argentino mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), endureciendo los criterios para el ingreso, permanencia y naturalización de extranjeros, al tiempo que impone nuevas condiciones para el acceso a servicios públicos como salud y educación universitaria.
Con un tono que combinó elementos de discurso ideológico con argumentos económicos, el comunicado difundido por la Oficina del Presidente remarcó la necesidad de “ordenar el sistema migratorio” tras señalar que 1,7 millones de personas habrían ingresado de forma irregular al país en las últimas dos décadas. En ese marco, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó en conferencia de prensa que “todo extranjero condenado será rechazado en frontera” y que quienes ingresen por pasos no habilitados “serán expulsados de forma inmediata”. También subrayó que se busca “agilizar los tiempos de expulsión de quienes delinquen”.
Nuevas condiciones para el ingreso y permanencia
Uno de los pilares centrales del decreto es la modificación de los criterios de admisión y permanencia. Se establece que cualquier extranjero condenado, sin importar la pena, será impedido de ingresar al país. Además, aquellos que cometan delitos en territorio argentino, incluso si la condena es inferior a cinco años (hasta ahora excluida de causal de expulsión), podrán ser deportados. También se contempla la expulsión de quienes falseen información al momento de ingresar.
Asimismo, se refuerzan los requisitos para acceder a la residencia permanente: los solicitantes deberán demostrar medios de vida suficientes y carecer de antecedentes penales. Para obtener la Carta de Ciudadanía, se exigirá una residencia continua de al menos dos años o haber realizado una inversión significativa en el país.
Acceso restringido a servicios públicos
Otra dimensión clave del nuevo régimen apunta a limitar el uso de servicios públicos gratuitos por parte de extranjeros no residentes. A partir de ahora, los residentes transitorios, temporarios e irregulares deberán pagar por los servicios de salud y contar con un seguro médico obligatorio al momento de ingresar. Según datos oficiales, durante 2024 el sistema de salud argentino destinó alrededor de 114 mil millones de pesos a la atención médica de extranjeros, cifra que el Gobierno considera insostenible sin contraprestación.
En el ámbito educativo, las universidades nacionales tendrán la posibilidad de cobrar aranceles a estudiantes no residentes permanentes. Sin embargo, se mantiene la gratuidad para los niveles primario y secundario, en cumplimiento con el artículo 20 de la Constitución Nacional.
La medida también se inscribe en un contexto regional de endurecimiento de las políticas migratorias y en una narrativa gubernamental que prioriza la “defensa de los recursos de los contribuyentes argentinos”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenció la conferencia desde la primera fila, dando respaldo político al anuncio.
El Gobierno sostiene que esta reforma marca un “punto de inflexión” en la administración migratoria nacional. En palabras del propio comunicado oficial: “En este país, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.
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