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El artículo 6 del Acuerdo de París refiere a los mecanismos de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero que deberían llevar a cabo los Estados partes. Dentro de este marco, en la Conferencia de las Partes, la COP29, los Estados negociaron adoptar un mecanismo de mercado de carbono supervisado por el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
La regulación de los mercados de carbono genera expectativas por las posibilidades de inversión para los países en desarrollo. Sin embargo, también está en el centro del debate el impacto real de los créditos de carbono, la sostenibilidad de estas iniciativas y la inclusión de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono como alternativas para eliminar y reducir las emisiones.
Pero, ¿qué son los mercados de carbono?
Las iniciativas públicas o privadas para reducir o eliminar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) tienen un precio. Empresas, países o individuos que excedan sus emisiones pueden comprar créditos o bonos de carbono generados por iniciativas que compensen la reducción o eliminación de CO2, expresada en toneladas de carbono. Los créditos de carbono funcionan como un permiso para seguir emitiendo CO2 bajo ciertos límites, pero a la vez son un incentivo financiero para proyectos que de otra forma no se implementarían.
Entre las iniciativas más conocidas están los proyectos de energías renovables y los de reforestación de bosques tropicales y manglares para capturar CO2. Por ejemplo, el proyecto Brújula Verde en Colombia, desarrollado por la empresa Trafigura, propone forestar y reforestar 30.000 hectáreas, lo que podría secuestrar aproximadamente 20 millones de toneladas de carbono a lo largo del proyecto. La empresa prevé emitir sus primeros créditos de carbono en 2025.
Además, podrían incorporarse al mercado proyectos vinculados a la Captura y Almacenamiento de Carbono (CCUS, por sus siglas en inglés). La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) destaca dos tecnologías principales: Captura Directa del Aire (DACCS) y Energía de Biomasa con Captura y Almacenamiento de Carbono (BECCS).
DACCS se refiere a la captura de CO2 directamente del aire ambiente mediante sistemas especializados, como la planta Orca en Islandia, donde el CO2 se comprime y almacena en formaciones de roca subterránea. Por su parte, BECCS captura el CO2 absorbido por las plantas y se utiliza la biomasa para generar bioenergía. Los biocombustibles derivados pueden ser empleados en sectores como el transporte.
Otra opción es el almacenamiento en acuíferos de agua salada, cuyas formaciones geológicas permiten retener el carbono en las rocas. Por ejemplo, Indonesia ha destacado en la COP29 su capacidad de almacenamiento estimada en 500 gigatoneladas de carbono, gracias a sus vastos acuíferos salinos, terrestres y marinos.
Sin embargo, las tecnologías disponibles y los proyectos en desarrollo presentan limitaciones y desafíos importantes. Una de las mayores críticas a los mercados de carbono es la dificultad de medir con precisión el impacto de las iniciativas en la reducción o eliminación real de las emisiones de carbono. Por otra parte, estas actividades pueden generar conflictos sociales y ambientales al no respetar los ecosistemas ni los derechos de las comunidades locales e indígenas.
En 2023, por ejemplo, el Proyecto de Carbono de los Pastizales del Norte de Kenia, parte de los mercados voluntarios de carbono, fue suspendido por Verra, la organización que certifica proyectos climáticos. Según el medio Mongabay, el proyecto, diseñado para almacenar carbono en el suelo mediante el pastoreo de rebaños, no contabilizaba correctamente las capturas de carbono y además alteraba prácticas tradicionales de pastoreo, afectando a las comunidades locales.
¿Qué otra opción existe?
Aunque una alternativa clave sería establecer límites estrictos a las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, los desafíos políticos, económicos y sociales hacen que esta medida parece poco viable a corto plazo. No obstante, lo acordado durante la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, busca garantizar que las reducciones y eliminaciones de emisiones sean “reales, adicionales, verificadas y mensurables”. Este marco regulatorio podría ofrecer mayor transparencia a los mercados de carbono y abrir nuevas oportunidades para financiar proyectos climáticos en el Sur Global.
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