A pesar de haberse alcanzado un acuerdo de reestructuración esta semana, Ucrania podría aún enfrentar un incumplimiento de pagos, lo que añadiría significativos desafíos legales y económicos en medio de la invasión rusa. En este contexto, el problema de la deuda ucraniana es una variable que no solo Volodímir Zelenski enfrenta, sino que involucra a múltiples actores privados y gubernamentales de Occidente.
Inicio de la deuda ucraniana
Ucrania es una de las economías postsoviéticas más frágiles. A finales de los años 80 e inicios de los 90, su PIB per cápita era comparable al de Polonia, incluso ligeramente superior, pero ahora se encuentra muy rezagada. Su economía ha estado constantemente endeudada, principalmente en el ámbito externo, recurriendo a préstamos de instituciones financieras internacionales y, en ocasiones, a los mercados de deuda.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acreedores privados negociaron un acuerdo para apoyar a Ucrania tras el impacto de los eventos de 2013 y 2014, pero, sin embargo, la deuda continuó acumulándose.
Uno de los desafíos que el gobierno ucraniano enfrenta es que las deudas negociadas en 2014 y 2015 están vinculadas al PIB y, consecuentemente, al crecimiento económico. Esto quiere decir que mientras la economía ucraniana se recupera lentamente del impacto sufrido por la invasión rusa en 2022, enfrenta la obligación de realizar pagos.
Sumado a ello, Ucrania enfrenta a múltiples intereses en conflicto. Por un lado, están los inversores privados que han adquirido deuda ucraniana, quienes, al hablar de “préstamos”, se refieren a la compra de bonos emitidos por Ucrania. Entre estos inversores se encuentran BlackRock, Amundi (el mayor gestor de activos de Europa) y Pimco (el principal fondo de bonos a nivel mundial), quienes apuestan por la deuda ucraniana debido a su atractivo perfil de riesgo-rendimiento, difícil de encontrar en bonos más seguros como los del Tesoro de Estados Unidos. Por otro lado, se encuentran los gobiernos occidentales y el propio FMI.
La reestructuración de la deuda y un futuro incierto
Cuando la situación se vuelve crítica, como ahora, los acreedores privados se organizan en comités, como el Comité Ad Hoc de Acreedores para Ucrania, para negociar con el gobierno ucraniano.
La participación de los acreedores privados es esencial para llegar a un acuerdo, ya que, de lo contrario, podría darse una situación indeseable como la ocurrida en la reciente reunión del G-7 antes de la cumbre de la OTAN.
En dicha cumbre, las principales potencias occidentales decidieron incautar activos rusos para respaldar un préstamo de 50 mil millones de dólares a Ucrania y, si no se obtienen concesiones de los acreedores privados, es probable que dicho préstamo se destine a pagar la deuda con dichos inversores para mantenerlos satisfechos y preservar el estado crediticio de Ucrania.
Sumado a ello, el riesgo que presenta la posible reelección de Trump ha acelerado la urgencia de todas las discusiones financieras para el próximo año. Esto, a su vez, complica aún más el enredo de reclamaciones de los acreedores.
Si se pretende asegurar financiamiento gubernamental multilateral y del FMI para Ucrania en los próximos meses antes de que Trump llegue al poder, es fundamental que los acreedores privados realicen las concesiones necesarias para que los acuerdos con el sector público sean viables ahora, lo que ha generado una urgencia adicional en las negociaciones sobre la deuda.
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