Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) del año pasado señala que aproximadamente 43,4 millones de acres de tierras agrícolas en Estados Unidos son propiedad, al menos en parte, de inversores extranjeros. La mayoría de estas tierras pertenecen a empresas de países aliados como Canadá y los Países Bajos, que las utilizan para la agricultura o la madera, aunque también hay una porción en manos de inversores chinos.
El Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), un organismo poco conocido pero muy influyente que revisa inversiones extranjeras por posibles riesgos a la seguridad nacional, tomó esta medida tras recibir un “aviso público” sobre la compra de MineOne en 2022, a una milla de la base aérea, según un comunicado del Departamento del Tesoro.
Esta semana, la administración Biden ordenó a MineOne, una empresa minera de criptomonedas respaldada por China, que venda terrenos en Wyoming situados cerca de una base de la Fuerza Aérea de EE. UU. que alberga armas nucleares.
A los funcionarios de seguridad nacional y legisladores en Washington no les preocupa tanto la cantidad de tierra en manos de inversores chinos (349,442 acres, menos del 1% de toda la tierra en manos extranjeras) sino su proximidad a bases militares y otras instalaciones de seguridad nacional.
Nuevas reglas
Este no es un caso aislado. En 2023, la empresa china Fufeng Group adquirió 370 acres cerca de una base de la Fuerza Aérea en Dakota del Norte, lo que llevó a la administración Biden a establecer una norma que prohíbe a los extranjeros comprar tierras dentro de las 100 millas de una base militar estadounidense u otra instalación de seguridad nacional sin obtener primero la aprobación del gobierno. (MineOne no cumplió con esto en Wyoming). Esta norma, supervisada por la Oficina de Seguridad de Inversiones del Departamento del Tesoro, todavía se está afinando para mejorar la supervisión del CFIUS.
En 2020, una filial de una empresa energética china adquirió terrenos cerca de la base de entrenamiento de pilotos más grande de la Fuerza Aérea en Texas. La preocupación es que las empresas chinas puedan usar estos terrenos para espiar al ejército estadounidense o para otras operaciones de espionaje. La preocupación se localiza. Esta potencial amenaza ha resonado a nivel local, con políticos estatales y locales aprovechando la creciente postura “dura con China” de Washington. Proteger las tierras agrícolas del comunismo se presenta como un deber patriótico.
En 2023, 33 estados propusieron al menos 81 proyectos de ley para restringir la propiedad china de tierras estadounidenses por motivos de seguridad nacional, según el Consejo de Asuntos Globales de Chicago.
¿Demasiado lejos?
Sin embargo, hay un debate sobre si algunas de estas propuestas legislativas van demasiado lejos, fomentando la xenofobia y la discriminación. Florida propuso una ley, apoyada por el gobernador Ron DeSantis, que prohibía a ciudadanos chinos poseer tierras o casas en el estado. Un tribunal federal bloqueó esta ley en febrero, advirtiendo que otras leyes similares serían racistas y discriminatorias, según Bethany Li, directora legal del Fondo de Defensa y Educación Legal Asiático Americano.
A pesar de la atención y controversia, es difícil evaluar cuánta tierra realmente pertenece a entidades chinas y qué parte de ella constituye una amenaza a la seguridad nacional. Una investigación de NBC News en 2023 encontró que el sistema federal para rastrear tierras de propiedad extranjera es “laxo y su aplicación es mínima”.
