Pocas semanas atrás, los principales medios de comunicación latinoamericanos transmitieron con asombro la noticia de la brutal emboscada y el asesinato a tiros de tres carabineros que se encontraban patrullando La Araucanía, en la región de Biobío. Como si eso no hubiese sido suficiente, tras quitarles la vida, la patrulla policial fue prendida fuego con los agentes en el interior de la misma. El ataque fue calificado por el presidente de Chile, Gabriel Boric, como un “cobarde atentado” y señaló que no descansarán hasta dar con el paradero de los autores de este terrible crimen.
Pese a tratarse de algo sin precedente alguno en el país, la situación en aquella región de Chile data de diversos episodios que van desde atentados, incendios de viviendas e iglesias, como así también ataques armados y emboscadas por parte de grupos radicales mapuches que, desde hace décadas, siembran temor en aquellas tierras obligando a la población de la zona a convivir en estas preocupantes circunstancias.
Es por este motivo que muchas personas ligadas al tema hablan del existente conflicto ancestral que engloba a tres principales actores: el gobierno, los pueblos originarios que reivindican las tierras –muchas veces representados por las organizaciones mapuches de carácter más radical- y, por último, los grandes empresarios decididos a explotar los recursos de naturales de la zona.
La Macrozona Sur chilena, en la mira de las autoridades
La Macrozona Sur de Chile –como le llaman al área donde sucedió este trágico episodio- se caracteriza por ser una región en “estado de excepción” Constitucional desde el año 2022, esto quiere decir que allí se ve gravemente afectado el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Como consecuencia de esto, la presencia de las Fuerzas Armadas de Chile a fin de patrullar las principales rutas en el área mencionada, pasa a ser de carácter necesario al tratarse de una zona en donde la línea entre los ataques armados, el tráfico de drogas, el robo de recursos naturales como la madera y -nada más ni nada menos que- las bandas delictivas vinculadas al crimen organizado es cada día más difusa, además de las decenas de ataques o actos de vandalismo que, tanto las fuerzas de seguridad como la población civil, han sufrido en aquella región.
Con relación a lo mencionado y al reciente triple crimen de los carabineros, el fiscal a cargo de la causa, Roberto Garrido, destacó que “el fenómeno de violencia que se registra en la Macrozona Sur se trata de una manifestación de crimen organizado, no se puede hablar de violencia rural como un concepto distinto de la criminalidad organizada”.
El gobierno chileno toma cartas en el asunto
Al tratarse de una situación en donde el aumento de la inseguridad en la región de la Macrozona Sur preocupa –y bastante-, el gobierno de Chile ha estado poniendo su foco de atención en lo ocurrido tomando medidas tanto en lo referido a la seguridad como así también en lo judicial. Medidas que se suman al “estado de excepción” decretado allá por 2022, del cual hablamos en los párrafos previos.
Como ejemplo de esto, cabe destacar que, semanas después del atentado contra los tres carabineros, un tribunal de Chile condenó a un famoso líder mapuche, Héctor Llaitul, por delitos que se encuentran contemplados en la ley de seguridad del Estado, hurto, como así también, atentado contra la autoridad, sentenciándolo a un total de 23 años de prisión.
Llaitul era líder de la organización indígena denominada “Coordinadora Arauco Malleco” que, desde hace varios años, se adjudica ataques armados e incendiarios contra todo aquello que se vincule a las empresas forestales que se encuentran instaladas en territorios que supieron pertenecer a la comunidad mapuche.
El crimen organizado, un problema regional
Como bien se sabe, junto con el narcotráfico, el crimen organizado en América Latina se ha propagado con el paso de los años, llegándose a convertir -lamentablemente- en un asunto de moneda corriente. En el caso chileno –absolutamente válido también para otros casos de organizaciones criminales a lo largo y ancho del continente- por ejemplo, se habla de una lucha por el control territorial, en donde la única manera de ganar es imponerse por sobre el resto. En este sentido, al no tener precedente alguno, el salvaje asesinato de los tres carabineros constituye un punto de inflexión en materia de seguridad y que obliga al gobierno a adoptar un estado de alerta máxima.
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