Reacciones internacionales ante la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela sobre la candidatura de Machado

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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha generado un nuevo capítulo de controversia política al anunciar la inhabilitación de la candidatura presidencial de la líder opositora María Corina Machado. Según el tribunal, esta medida se basa en una resolución de la Contraloría General de la República, que la declaró inhabilitada por un periodo de quince años.

La decisión del tribunal ha provocado una fuerte reacción por parte de Machado, quien, a través de su cuenta de Twitter, expresó su firme determinación de continuar la lucha por la democracia a pesar de lo que calificó como “elecciones fraudulentas”. Machado acusó al régimen de Nicolás Maduro de romper el Acuerdo de Barbados y manifestó que esta situación fortalecerá la unidad en la oposición.

La inhabilitación de Machado se relaciona con supuestas irregularidades en su declaración jurada de patrimonio, específicamente la omisión del pago de bonos de alimentación. La dirigente opositora sostiene que esta medida es ilegal y acusa al régimen de burlarse del acuerdo de Barbados.

En una conferencia de prensa, Machado describió la decisión del Tribunal Supremo como “delincuencia judicial” y una “decisión grotesca”. Además, exigió al Gobierno establecer una fecha para el proceso electoral y reiteró su compromiso con el mandato del pueblo.

Respuesta Internacional: gobiernos latinoamericanos condenan inhabilitación de María Corina Machado

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de inhabilitar la candidatura presidencial de María Corina Machado ha provocado una enérgica respuesta internacional, especialmente por parte de varios gobiernos latinoamericanos que han expresado su rechazo a esta medida.

La Cancillería de Ecuador lidera la condena, rechazando la decisión del TSJ de inhabilitar a María Corina Machado por 15 años. El gobierno ecuatoriano, presidido por el empresario Daniel Noboa, considera que esta decisión va en contra del espíritu de los Acuerdos de Barbados, diseñados para facilitar elecciones democráticas y transparentes en Venezuela. Esta postura se suma a expresiones similares de preocupación y lamento por parte de los gobiernos de Argentina y Uruguay.

Desde Argentina, la Cancillería emitió un comunicado manifestando su continuo seguimiento y preocupación por la situación política en Venezuela. Lamenta la inhabilitación de la principal líder opositora, María Corina Machado, y reafirma el compromiso del país en defensa de la libertad, democracia y derechos humanos. Además, expresó el deseo de que se celebren elecciones presidenciales democráticas, transparentes y con la participación plena de todos los candidatos, con presencia de observación electoral externa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay observa con gran preocupación estas inhabilitaciones judiciales de opositores políticos para ocupar cargos electivos o públicos. Estas medidas se perciben como un atentado directo contra la celebración de elecciones libres, democráticas y competitivas.

De manera conjunta, los gobiernos de Costa Rica, Ecuador y República Dominicana emitieron un comunicado el 29 de enero, rechazando la inhabilitación política contra María Corina Machado impuesta por el TSJ. En este comunicado, hacen un llamado enfático para que el gobierno venezolano garantice elecciones libres, transparentes y participativas, con supervisión de organismos internacionales, sin exclusión de candidatos opositores y en un clima de paz, libre de represalias.

Chile, por su parte, aboga por la propuesta de Noruega para el cumplimiento de los Acuerdos de Barbados. El Gobierno de Chile valora la propuesta de Noruega de conformar una comisión de seguimiento y verificación de estos acuerdos, destinada a garantizar un proceso de elecciones abiertas, democráticas y transparentes.

Mientras tanto, el régimen venezolano sostiene que el caso de María Corina Machado es “cosa juzgada”. A pesar de esta postura, afirma que se mantendrá en la mesa de diálogo con la oposición, que lo acusa de haber violado los acuerdos suscritos en Barbados en octubre pasado.

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