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Tras analizar las razones que llevan a las grandes flotas pesqueras extranjeras a navegar desde sus países hasta el Atlántico Sur, la Prefectura Naval Argentina busca contribuir a hallar soluciones o, al menos, identificar los posibles ámbitos de origen de tales soluciones.
Este problema ambiental complejo, que involucra a múltiples actores e intereses, se manifiesta en el Atlántico Sudoccidental mediante una intensa actividad pesquera sin límites ni regulaciones para especies transzonales de alto valor comercial en nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE).
La presencia de estas flotas en aguas internacionales cercanas a nuestro país se debe a la abundancia y valor comercial de los recursos que buscan capturar, así como a los incentivos operativos y económicos que obtienen en la zona.
Estos incentivos son vitales para su actividad, y la desactivación o reducción de los mismos se considera una opción para disminuir el número de buques en estas flotas y, por ende, su impacto negativo.
Entre los principales incentivos se encuentran los subsidios otorgados por los Estados de bandera de las flotas, que buscan garantizar que gran parte de las capturas lleguen a sus países de origen, beneficiando a las industrias locales y aliviando la presión sobre los recursos cercanos a sus costas.
El Acuerdo Internacional sobre Subvenciones a la Pesca, aprobado en 2022 por la Organización Mundial del Comercio (OMC), representa un avance en la eliminación de subsidios perjudiciales para la pesca, aunque su capacidad para resolver el problema es limitada.
Otro incentivo importante es la realización de transbordos en alta mar, que permite la adulteración de datos y la introducción de pescado ilegal en la cadena de suministro legal, además de facilitar actividades delictivas en el mar.
La compleja condición jurídica del área de operación, donde coexisten derechos y obligaciones de varios Estados, junto con conflictos de intereses económicos y geopolíticos, contribuye a la falta de gestión y ordenamiento en la zona.
La posibilidad de acuerdos bilaterales o multilaterales con los Estados cuyos buques operan en el área es vista como una alternativa, al igual que el Tratado de Alta Mar, que representa una oportunidad para la gobernanza de estas aguas más allá de las jurisdicciones nacionales.
En resumen, la comprensión de los incentivos clave y la cooperación en acuerdos internacionales parecen ser el camino para abordar esta problemática y lograr una gestión sostenible de la alta mar.
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