Ambas partes han anunciado que el alto al fuego bilateral comenzará a partir del 8 de octubre, después de que en mayo se suspendiera una tregua previa debido al asesinato de cuatro adolescentes indígenas por parte del grupo armado. Además, han acordado establecer una mesa de diálogo que se iniciará en la misma fecha, marcando el inicio de las conversaciones de paz entre la Administración de Gustavo Petro y la mayor disidencia armada de las extintas FARC, conocida como el Estado Mayor Central (EMC).
Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, señaló que este paso es crucial para avanzar hacia la propuesta de “Paz Total” en el país, aunque reconoció la existencia de escepticismo a nivel nacional.
Camilo González, cabeza negociadora del Gobierno, describió el proceso como “histórico” y destacó que se implementarán protocolos y procedimientos supervisados por ambas partes para garantizar el cumplimiento de los posibles acuerdos alcanzados.
Los preparativos para la reunión comenzarán el 19 de septiembre, y la mesa de diálogo se inaugurará el 8 de octubre. Además, del 11 de noviembre de 2023 al 8 de agosto de 2024 se realizará una evaluación de los avances y el cumplimiento de la agenda.
Las negociaciones tendrán lugar en el departamento de Santander, al noreste de Colombia, que ha sido gravemente afectado por el conflicto en el país. Este departamento también será donde se divulgará el documento con las directrices para el alto al fuego.
El EMC se ha comprometido a liberar a tres soldados que han estado retenidos como “prisioneros de guerra” y a otros rehenes secuestrados en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.
Este anuncio se produce poco después de otro alto al fuego acordado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) a principios de agosto, después de años de negociaciones.
En enero de este año, se anunció un alto al fuego con distintas células del EMC, principalmente en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Sin embargo, esta tregua pactada por seis meses se rompió en mayo después del asesinato de cuatro jóvenes indígenas reclutados a la fuerza por el EMC.
La disidencia más grande de las FARC, que se negó a firmar el acuerdo de paz con el Gobierno en 2016, ha estado implicada en actos de violencia en el país, siendo señalada por la ONU como la principal responsable de graves violaciones de los derechos humanos de menores en Colombia en 2022.
El EMC cuenta con alrededor de 3,000 combatientes y opera principalmente en el sur, oriente y occidente de Colombia, donde ha sido acusado de diversas prácticas violentas, lo que llevó a su inclusión en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos.
Insight Crime ha destacado el poder armado y el control de rentas criminales, en particular el narcotráfico, por parte del Estado Mayor Central. Sin embargo, también señala que el grupo se ha debilitado en los últimos años debido a enfrentamientos con otros grupos criminales y el Ejército colombiano.
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