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Corrían los últimos días del mes de junio del año 2019, cuando desde el G-20 en Osaka se anunciaba que, luego de más de 20 años de complejas negociaciones, los bloques habían alcanzado un acuerdo “en principio”, sentando las bases de un nuevo punto de partida en la relación bilateral. A razón de dicho acuerdo, se inició un vasto proceso de revisión legal e institucional del mismo para suscribir formalmente, pero, en la actualidad, su firma, aplicación provisional y, ulterior, entrada en vigor están colmadas de incertidumbre.
Un buen augurio se hacía presente desde este lado del Atlántico; certidumbre legal para consolidar la inversión extranjera directa, incentivos para ampliar y diversificar la producción de bienes y servicios, incorporación de tecnología necesaria para ingresar en un mercado más exigente, entre otras cuestiones, daban un marco de previsibilidad que llevaba implícita una apreciación general muy favorable sobre este acuerdo. Pero, un precipitado límite hizo que el Mercosur y la Unión Europea siguieran discutiendo los pasos a seguir: el ascenso al poder de Jair Bolsonaro.
A fines del año 2020, el Parlamento Europeo rechazó ratificar el acuerdo de libre comercio debido a la desconfianza en la política ambiental de Jair Bolsonaro, particularmente, por la falta de compromiso de este último con la salvaguarda del Amazonas. De esta manera, las exigencias ambientales solicitadas desde Europa pusieron paños fríos al avance del acuerdo.
En un nuevo contexto, el alejamiento de Bolsonaro del gobierno de Brasil no bastó para aseverar que una de las principales trabas a la hora de colocar la rúbrica definitiva continúa siendo la preocupación de la Unión Europea acerca de cuestiones vinculadas al desarrollo sostenible en Sudamérica, específicamente, en lo contendiente a la deforestación. Además, se exige un claro compromiso de respetar y hacer respetar tanto el Acuerdo de París, como las normas laborales de la Organización Internacional del Trabajo.
En la antesala de la 62° Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur que tuvo lugar en Puerto Iguazú (Misiones) a principios de julio, el Canciller argentino Santiago Cafiero inauguró la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, en la que participaron los cancilleres de la región. Allí, advirtió la presión del bloque europeo de aceptar sus exigencias ambientales para concretar la firma definitiva del acuerdo: “Europa nos pide cambios, pero no nos dice cómo los vamos a implementar”, sostuvo.
En este sentido, cuestionó las asimetrías existentes en las relaciones entre ambos bloques, a la vez que, pidió por una actualización del tratado: “el Acuerdo Mercosur-UE, tal como fue cerrado en 2019, refleja un esfuerzo desigual entre bloques asimétricos y no responde al escenario internacional actual”, es decir, preocupa la posibilidad de que, en última instancia, el acuerdo no beneficie significativamente al Mercosur.
Esta mirada crítica es compartida por el flamante mandatario pro témpore del Mercosur, Lula da Silva. Si bien desde Europa reconocen que bajo el gobierno de Lula la situación de la deforestación será diferente, el actual presidente brasileño ya tuvo rispideces con el bloque europeo en abril de este año, dado que el Consejo de la Unión Europea aprobó “unilateralmente” (es decir, sin consulta alguna con los países proveedores de materias primas) una ley que prohibirá el ingreso de productos que contribuyan a la deforestación. Como respuesta a ello, Brasil relanzó un plan (suspendido durante la gestión Bolsonaro) para cumplir con el compromiso de eliminar la deforestación en el Amazonas para 2030. En suma, si bien Brasilia promueve la sensibilidad ambiental, consideraron intempestivas las formas: “socios estratégicos no negocian con desconfianza y amenazas de sanción”, alegó Lula en la anteriormente mencionada cumbre.
Uruguay y sus duras críticas al funcionamiento del Mercosur
Desde la asunción de Lacalle Pou como presidente a principios de 2020, Uruguay mantuvo un denodado pesimismo respecto del avance en las negociaciones entre los bloques para concretar la firma definitiva del tratado de libre comercio, representando más de un dolor de cabeza a la hora de fortalecer la integración de los países del sur.
De esta manera, Montevideo manifestó la conveniencia de dejar el Mercosur en su condición de Estado fundacional y pasar a ser un Estado asociado debido a que advierte un “inmovilismo” comercial por parte del bloque, buscando así la flexibilización del mismo mediante la posibilidad de comerciar con terceros países (cuestión prohibida por el reglamento interno del Mercosur).
Así, argumentado contra quienes acusan de “caprichoso” el planteo uruguayo, Lacalle Pou sostuvo en la cumbre de mandatarios del Mercosur que: “la participación del comercio exterior de Uruguay en el Mercosur se ha ido debilitando, y si vemos la participación en las balanzas comerciales con cada uno de los países socios, es deficitaria. Necesitamos como bloque avanzar, y si no es como bloque, hacerlo unilateralmente”.
En este sentido, el avance de Uruguay en un estudio de factibilidad para la firma de un acuerdo de libre comercio bilateral con China (por fuera del Mercosur), generó recelo en el bloque del sur. Sin embargo, Pekín comunicó que prefería avanzar de forma conjunta con todo el Mercosur, evitando poner en tensión la “armonía” de la región.
¿Qué esperar de las futuras negociaciones?
El paso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, por Buenos Aires y Brasilia el pasado junio, alimentó las suspicacias con relación a la posibilidad de sellar un acuerdo en lo que resta del año, dado que sus declaraciones no fueron lo suficientemente convincentes para anticipar tal suceso. En este sentido, tampoco nada puede asegurar que suceda el siguiente año, principalmente, debido a la elección de parlamentarios europeos en junio, lo que podría colocar al estado de negociaciones actual nuevamente en el punto 0.
Para los más optimistas, una remota oportunidad de sellar el acuerdo se presentará los próximos días de julio (17 y 18) en Bruselas, dado que allí tendrá lugar la cumbre regional entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), intensificando el debate. Así mismo, la CELAC ya se negó tanto a que Bruselas le imponga la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como a una posible condena pública a Rusia, buscando mantener su posición de neutralidad respecto del conflicto en el este de Europa.
En definitiva, desde el Mercosur se ofrecieron reiteradas señales de entusiasmo para avanzar sobre el acuerdo, pero la postura europea contrasta con ello, generando incertidumbre sobre el futuro del mismo. Contrario al actual marco de resquebrajamiento de las relaciones internas del Mercosur, este acuerdo exige una profundización de las mismas para evitar la generación de un vínculo bilateral entre la Unión Europea y cada uno de los países del Mercosur, dado que ello perjudicaría los potenciales beneficios conjuntos para los países de este último.
Por otra parte, es pertinente preguntarse cuáles serían las implicancias de un no acuerdo, particularmente, cuando existen significativas posibilidades de avanzar hacia economías con un nivel de complejidad mucho mayor, a la vez que, de ampliar las estructuras productivas.
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