Hacia una política federal y estratégica sobre el litio en Argentina

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Durante los últimos años, minerales como el litio atraviesan un crecimiento exponencial debido a la alta demanda global para el desarrollo de baterías eléctricas y la búsqueda de los países hacia una transición energética. En este sentido, el boom del nuevo “oro blanco” se volvió una tendencia cada vez más creciente en países como Argentina, uno de los cuatro productores mundiales más grandes de litio y dueño del 20,5% de las reservas internacionales. 

El país sudamericano se volvió un atractivo principal para inversionistas que buscan extraer este mineral tan valioso a través de diversos proyectos en las provincias de Jujuy, Catamarca, Salta y San Juan, consideradas como el “Cinturón del Cobre y del Litio” por  albergar en sus territorios la mayor parte del litio y cobre de Argentina. Compañías provenientes de las principales potencias globales buscan generar acuerdos con los gobiernos provinciales e intervenir en proyectos para la extracción y producción de litio, un ejemplo es el reciente anuncio de la gigante estadounidense General Motors, que invertirá una gran suma en un proyecto que se lleva adelante en San Juan. 

Es por esto que los Gobiernos provinciales se convirtieron en actores fundamentales para el desarrollo y crecimiento del país sudamericano. El beneficio que poseen por albergar enormes reservas de litio resulta clave en este contexto para impulsar la creación de baterías de litio con industrias desarrolladas en Argentina, generar un impacto positivo en la economía del país a través de la producción y exportación de este estratégico mineral, potenciar el crecimiento y permitir su inserción en cadenas de valor agregado a nivel global.

Sin embargo, existen dos cuestiones de trasfondo que el país necesita resolver para poder avanzar hacia dichos objetivos: el desacuerdo entre los gobiernos provinciales y el Ejecutivo nacional respecto a la administración de este mineral estratégico, y la necesidad urgente de estatizar este recurso. 

En este sentido, la Constitución Nacional argentina establece que las provincias son dueñas originarias de los recursos minerales dentro de su jurisdicción, en este caso puntual incluido el litio. Y, como en dicha Constitución no existe norma expresa sobre la regulación minera y/o sobre la capacidad del Estado federal para intervenir en la actividad económica, las leyes específicas, en este caso el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras (1993), son quienes brindan un amplio margen de regulación en el tema .

Un aspecto importante que se desprende de ambas normas es que el Estado nacional no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos señalados en el Código (Art. 9). El Estado nacional sólo puede intervenir libremente en el régimen minero, en actividades de investigación y prospección (con previo permiso de la provincia en cuestión) a través de empresas públicas. Del mismo modo, si descubre un yacimiento de litio, debe ponerlo a disposición de la actividad privada. 

Y si bien en términos institucionales, Argentina ya cuenta con una empresa pública, Y-TEC, subsidiaria de YPF y creada en 2012, que cuenta con líneas de acción sobre el litio (actualmente posee una planta piloto para la fabricación de baterías de litio), continúa siendo limitado el rol del Estado nacional en la administración de los recursos naturales que existen en el país. Las decisiones finales y más importante terminan en los Gobiernos provinciales, por lo que trabajar en un abordaje integral y conjunto de estos recursos estratégicos resulta complejo. 

Es por ello que entra en cuestión el segundo punto importante: la necesidad de estatización del litio argentino. Pero ¿cuáles serían las razones por las cuales Argentina debería estatizar el litio? Primero el país tiene la segunda principal reserva mundial de litio, albergando el 20,4 % del total global. Y, junto al llamado “Triángulo del Litio” – compuesto por Argentina, Bolivia y Chile–, representa el 53 % de las reservas mundiales. A esto se suma el hecho que también es el cuarto productor mundial del mineral (6.200 de toneladas métricas a 2022), luego de Australia, Chile y China.

Sin embargo, entre los años 2010 y 2020 el Estado argentino percibió 88,3 millones de dólares como participación en la renta económica generada por la minería del litio, que representan entre el 10 % y el 28 % de las rentas totales generadas por la actividad, es decir, que las empresas privadas se apropiaron del 72 % al 90 % de las rentas. Por ejemplo, en Chile el Estado se apropia del 36 % de la renta a través de una empresa pública.

Al respecto, las causas que explican esta baja participación en Argentina radicarán en una subdeclaración de exportaciones, el uso de Precios de Transferencia para ocultar ingresos, una baja tasa impositiva, el uso de mecanismos de elusión fiscal y generosos incentivos tributarios en modo de exenciones. La minería en Argentina tiene tipos impositivos nominales y efectivos muy bajos, la regalía nominal de 3 % establecida es considerada como pequeña, sin contar que queda diluida porque el gravamen aplica sobre el valor de boca de mina descontando los costos. Lo que sucede en la realidad, es que las empresas declaran abultados costos, reducen el valor de boca de mina y, con ello, el tipo efectivo de tributación no llega ni a la mitad de la tarifa nominal legal.

Ahora bien, ¿cuál sería el camino para lograr la estatización? Existen caminos diversos para lograr que el litio sea un recurso estratégico bajo soberanía nacional a pesar de los marcos constitucionales, una primera opción es reformar el Código de Minería con el objetivo de ampliar las competencias del Estado Nacional. Y la segunda refiere a una reforma fiscal para una mayor recaudación estatal. 

Datos obtenidos de CELAG 

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