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A través de un comunicado oficial de Cancillería los cuatro gobiernos se pronunciaron sobre la legalización de nueve puestos que aprobó Israel, asegurando que constituyen “graves violaciones del Derecho Internacional” y además “contribuyen a elevar las actuales tensiones”.
“Estas medidas unilaterales constituyen graves violaciones del Derecho Internacional y de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente la n. 2334 (2016), además que contribuyen a elevar las actuales tensiones.”
Los cuatro Estados expresaron su oposición a “cualquier acción que comprometa la viabilidad de la solución de dos Estados, en la que Israel y Palestina puedan compartir fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, a la vez que se respeten las legítimas aspiraciones de ambos pueblos de vivir en paz”.
Para culminar, exhortaron a Israel y Palestina “a abstenerse de actos y provocaciones que puedan promover una escalada mayor de la violencia y a reanudar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica al conflicto”.
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