A través de un comunicado oficial de Cancillería los cuatro gobiernos se pronunciaron sobre la legalización de nueve puestos que aprobó Israel, asegurando que constituyen “graves violaciones del Derecho Internacional” y además “contribuyen a elevar las actuales tensiones”.

“Estas medidas unilaterales constituyen graves violaciones del Derecho Internacional y de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente la n. 2334 (2016), además que contribuyen a elevar las actuales tensiones.”

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Los cuatro Estados expresaron su oposición a “cualquier acción que comprometa la viabilidad de la solución de dos Estados, en la que Israel y Palestina puedan compartir fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, a la vez que se respeten las legítimas aspiraciones de ambos pueblos de vivir en paz”.

Para culminar, exhortaron a Israel y Palestina “a abstenerse de actos y provocaciones que puedan promover una escalada mayor de la violencia y a reanudar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica al conflicto”.

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