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Durante la última sesión legislativa del año, que tuvo lugar el día 15 de diciembre, se aprobó la ley 10.608 impulsada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. La ley de litio, a partir de la cual se aspira a que la provincia regule y administre desde el Estado todo lo referido a litio, cobre e hidrógeno, define al minera como un “recurso estratégico” considerado de interés público provincial.
Esta norma habilita al Estado provincial a tener el respaldo para administrar todo lo referido al litio, introduce a la minera estatal, EMSE, en todo diseño futuro, abre paso al contexto jurídico para el acercamiento de la provincia con Nación a través de Y-TEC – la empresa de tecnología que YPF gestiona junto al CONICET y que busca instalar su estrategia de industrialización del mineral en todo el NOA -. Asimismo, la ley también permitiría al gobierno riojano la posibilidad de suspender los permisos exploratorios y concesiones ya otorgados.
En este sentido, si bien la provincia de La Rioja tiene una muy incipiente exploración, es la primera en dar pasos concretos para declarar como “recurso estratégico” al litio y sus derivados, clave como materia prima para las baterías en la industria tecnológica y los vehículos eléctricos. Lo que sigue es que esta ley deberá publicarse en el Boletín Oficial provincial, y según pudieron averiguar varios medios, está todo listo para que el gobernador lo firme y en breve se publique formalmente.
Sin embargo, la ley impulsada por La Rioja llamó rápidamente la atención de varios actores en el sector minero ya que, por ejemplo, Quintela integró la comitiva de gobernadores del norte del país que a mitad del año pasado acompañó al ministro de Economía, Sergio Massa, a Estados Unidos para buscar inversiones privadas. Uno de los sectores más destacados por el titular del Palacio de Hacienda en ese país fueron los proyectos de litio de la Argentina.
En línea a esto, los gobernadores Gerardo Morales de Jujuy, Raúl Jalil de Catamarca y Gustavo Sáenz de Salta, provincias donde se concentra casi el 100% de los proyectos de exploración y producción de litio del país, se oponen rotundamente desde hace tiempo a declarar al litio como recurso estratégico en una ley. Las tres provincias del norte argentino conforman la denominada Mesa del Litio, un espacio configurado desde donde los gobernadores quieren establecer un enclave económico común para el desarrollo de los proyectos.
Otro de los actores que se opuso a la ley aprobada por la legislatura riojana, es la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que afirmó, a través de un comunicado recientemente difundido, que dicha norma “impacta gravemente en el sector minero del país en su conjunto”. La entidad expresó además que “afecta la estabilidad jurídica”. Suspender las concesiones y permisos daña las posibilidades de desarrollo socio económico a futuro, impactando no sólo a las empresas que ya confiaron en la provincia, sino, además, generando señales negativas que atentan contra potenciales inversores, frenando la posibilidad de producción y generación de divisas”.
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