De acuerdo con un reciente informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la industria pesquera de la Argentina registró un incremento del 62,3% en abril, a comparación del mismo mes del año pasado. Sin embargo, esta curva ascendente que podría seguir creciendo no es motivo de celebración, ya que ambientalistas y empresarios están luchando para exigir la aprobación de una ley contra la pesca ilegal, iniciativa que está esperando ser tratada en el Congreso de la Nación.
La ley en sí misma busca “controlar y regular la producción marina en todas sus etapas para evitar daños ambientales y respetar los derechos de los pescadores”. Son múltiples las organizaciones del sector que se alegran por el aumento de la pesca pero que están ampliamente preocupados por la la ausencia de controles contra la pesca en aguas internacionales, la cual se lleva a cabo más allá de la milla 200. Esta ley por la que luchan ya cuenta con el dictamen favorable en Diputados, aunque aún no fue tratada en el Congreso.
Según la diputada Ximena García en una entrevista, “la trazabilidad tiene cuatro fines específicos: garantizar la seguridad alimentaria; luchar contra la pesca ilegal y no regulada; garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y combatir los abusos laborales, el trabajo esclavo y las violaciones de los DDHH de los tripulantes”. Además, declaró que la problemática principal sobre este tema “son las flotas extranjeras que depredan en la frontera de la zona económica exclusiva, dentro del mar argentino, en una escala que atenta contra la sostenibilidad del recurso y que lo hacen sin autorización, licencia y con artes de pesca prohibidas”.
García es una de las que más apoya la sanción de la normativa, y señaló que el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) viene exigiendo desde hace meses la sanción de esta ley, ya reportó más de 500 embarcaciones extranjeras ilegales que operan en el borde exterior de la zona marina. La máxima autoridad del CPA, Eugenia Testa, destacó que tanto la pesca ilegal como el mercado negro que tiene lugar en su alrededor, “provocan un enorme daño no solo a los empresarios pesqueros, sino a toda la economía argentina, al tiempo que también ocasionan un gran daño al medio ambiente y al ecosistema marino, como consecuencia de la falta de sistema de control y regulación”. Testa con seguridad afirmó: “La depredación sin control termina por despoblar y destruir la biodiversidad local. Hay dos cuestiones importantes por los que tiene que salir esta ley: para ampliar los mercados argentinos a nivel global y para la protección de los ecosistemas”.
“Hoy, los mercados están más exigentes y van a frenar la pesca que no es rastreable. En la pesca ilegal hay sustitución de especies o mal etiquetado. Te venden una especie, como por ejemplo la merluza, pero es otro tipo de pescado que es tiburón o raya. Y no es un tema solo de salud pública, sino que se pescan especies que tienen otra tasa de reproducción. Los tiburones están en peligro de extinción y además son los depredadores topes. Sin ellos, se desconfigura el ecosistema”, concluyó Testa. Esto se ve respaldado por el informe “Redes sospechosas: descubriendo las empresas e individuos detrás de la pesca ilegal a nivel mundial” elaborado por Financial Transparency Coalition, el cual afirma que el 54% de la depredación pesquera se realiza desde barcos asiáticos y que Argentina pierde entre unos 2.000 a unos 3.600.00 millones de dólares por año como consecuencia de la pesca ilegal en sus aguas.
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