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Un año después de que Pedro Castillo asumiera la presidencia de Perú, su gobierno está sumido en un mar de acusaciones que implican actividades delictivas por parte de él mismo, de miembros de su familia y de funcionarios de su gobierno.
Las acusaciones forman parte de una campaña por parte de la oposición que pretende forzar su dimisión, o su destitución.
Aunque no cabe duda de que las acusaciones de corrupción son sustanciales, su escala palidece en relación con el enorme escándalo de Odebrecht, en el que estuvieron implicados prácticamente todos los partidos e instituciones políticas. Seis de los ex presidentes de Perú han sido condenados, acusados o investigados por corrupción o lavado de dinero.
Las acusaciones, renuncias y pedidos de censura han creado una crisis de gobernabilidad que ya denota un proceso político cíclico en Perú.
Esto ha llevado a un récord de 67 ministros nombrados por Castillo hasta ahora, lo que llevó a Bloomberg a observar el mes pasado que “Un nuevo ministro es nombrado cada seis días en el Perú de Castillo”.
El último en caer este mes ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Rodríguez Mackay, tras poco más de un mes en el cargo. El nombramiento de Rodríguez provocó la dimisión de los embajadores de Perú ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, después de que manifestara su apoyo a la negativa del Congreso a ratificar el Acuerdo de Escazú, un acuerdo de ámbito continental destinado a proteger el medio ambiente y, concretamente, a los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en la región amazónica. El rechazo del acuerdo estaba en consonancia con las exigencias de la gran minería y otras industrias extractivas.
Paralelamente a esta crisis, y alimentándola, ha estado la devastación causada por el COVID-19, y ahora la guerra en Ucrania. Este doble golpe, que ha desencadenado una desaceleración económica, un elevado desempleo y un drástico aumento de los precios de los alimentos, los fertilizantes y el transporte urbano, está sumiendo a la clase trabajadora en la pobreza.
El ascenso de Castillo representó, de forma distorsionada, un rechazo a las políticas de libre mercado por parte del grueso de la población más marginada económicamente.
A pesar de que las políticas de Castillo no se distinguen en muchos casos de las de la extrema derecha, y de sus frecuentes garantías de que respetará la propiedad privada, e incluso dará más incentivos a los inversores extranjeros para que exploten los recursos naturales de Perú, no ha conseguido ganarse la confianza de las grandes empresas.
El diario español El País escribía recientemente que teme que “la crisis institucional de Perú, en la que la clase política lleva años sumida, se dirija hacia un punto de no retorno”.
El 13 de agosto, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador y México emitieron un comunicado en el que expresaban su temor por la viabilidad de la democracia en Perú, que, según ellos, podría colapsar debido a la “tensión social y política en ese país, donde su presidente, Pedro Castillo, está siendo sometido a su sexta investigación judicial”.
Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 85 por ciento de los peruanos desaprueba la gestión de Castillo, un incremento sustancial respecto al 60 por ciento de rechazo registrado en agosto del año pasado, un mes después de que Castillo asumiera el cargo.
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