El borrador ya está listo. Falta menos de un mes para conocer el resultado de si se aprueba o no la nueva Constitución en Chile. El próximo 4 de septiembre el pueblo chileno acudirá a las urnas en el marco del “plebiscito de salida” para votar a favor o en contra de la nueva Constitución. ¿Se encuentra Chile en la antesala de un nuevo comienzo?
Esta nueva Constitución es el resultado de un correlato histórico que se remonta en sus inicios al Estallido Social que tuvo su origen el 18 de Octubre del año 2019. Lo que a simple vista era leído como producto del aumento en el pasaje del metro, terminó por echar luz sobre una serie de demandas de carácter estructural que venían aquejando a la sociedad chilena desde hacía ya mucho tiempo. El discurso de los manifestantes “No son 30 pesos, son 30 años” terminó por articular una serie de problemáticas que daban cuenta del hartazgo de la sociedad chilena, que fervientemente pedía la modificación de las reglas de juego. Estas habían sido impuestas durante la dictadura de Augusto Pinochet y encontraban su fundamento en la Constitución vigente desde el gobierno militar y que esencialmente permaneció sin cambios hasta la actualidad.
Redefinir el papel del Estado
La Constitución de 1980 proponía una visión del Estado concebida bajo el paradigma neoliberal. La discusión del neoliberalismo en torno al Estado no debe hacerse en función de la dicotomía presencia-ausencia. El Estado neoliberal no es un estado ausente, sino todo lo contrario. No se despega totalmente de sus vínculos con la sociedad para dejar el lugar a la libre regulación del mercado, sino que supone un Estado fuerte e interventor pero sólo sobre determinadas áreas.
El Estado se encargaba principalmente de imponer un marco normativo que garantice el correcto funcionamiento de los mecanismos de competencia (Von Hayek, 2007). El régimen de Pinochet diagramó un sistema donde el rol del Estado era acotado o conservaba un papel meramente subsidiario en la provisión de los servicios básicos, como el agua, la electricidad, las pensiones, la educación y la salud.
En estas últimas décadas, mientras Chile ha sido destacado por parte del Banco Mundial en lo que respecta al crecimiento y al progreso económico, esto no se ha visto acompañado o reflejado en un aumento de la calidad de vida ni en una sociedad más equitativa en lo que respecta al acceso de servicios básicos. Modificar la esencia de la Constitución era claramente una de las deudas más grandes de la democracia.
Una de las tareas principales de la Convención Constituyente fue redefinir el papel del Estado chileno. El nuevo texto constitucional reza en su artículo 1 que Chile pasa a ser un “Estado Social y Democrático de Derecho” que debe proveer bienes y servicios para asegurar igual goce de derechos a todos los ciudadanos. Esto plantea un cambio rotundo en el modelo político chileno al poner al Estado como el garante fundamental en la provisión de servicios como la educación, salud y pensiones. Propone, entonces, que los previamente mencionados sean financiados con rentas nacionales dejando atrás el modelo de “Estado liberal-subsidiario” que mantenía como eje rector la Constitución sancionada durante la dictadura militar y que delegaba en el mercado la prestancia de dichos servicios.
A su vez, el artículo 1 prosigue indicando que el Estado chileno será “plurinacional, intercultural y ecológico”, como así también se erige como una “República solidaria, cuya democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y la relación indisoluble con la naturaleza”. Estas afirmaciones lo que hacen es reflejar en el texto constitucional el principio de paridad de género que rigió el proceso de selección de la Constituyente, como así también el reconocimiento por parte del Estado de doce naciones de pueblos originarios que no estaban contemplados en el anterior texto constitucional. Es importante destacar que el 12,8% de un total de 17 millones de habitantes, son parte de pueblos originarios.
La propuesta de la Convención Constituyente es claramente radical e implica un giro de 180 grados respecto del papel que el Estado chileno tenía para con la sociedad. Busca dotarlo de una centralidad mayor y de otorgarle tanto el poder como las herramientas para actuar en las órbitas que la sociedad reclama.
Cada vez son menores las posibilidades de aprobación
Buena parte de las encuestas indican que el rechazo se impondría por sobre la aprobación. La gran mayoría de los sondeos indican una diferencia de entre 10 y 20 puntos. De ganar el rechazo seguirá vigente la Constitución sancionada por Pinochet. Una encuesta realizada por Pulso Ciudadano determinó que el rechazo obtendría un 59,8% mientras que la aceptación un 40,2%.
De ganar el rechazo el costo político que tendrá que pagar Boric será muy alto. El presidente asumió el cargo hace apenas cinco meses, y sus principales promesas de campaña giraban en torno a lograr que los servicios de educación y salud pasen a ser públicos como así también las pensiones.
El 18 de Octubre de 2019 en Chile se abrió una “caja de pandora” y difícilmente pueda volver a cerrarse. La sociedad se movilizó de una manera que no tenía precedentes en la historia del país y los reclamos fueron contundentes. Un posible fracaso de la reforma de la Constitución difícilmente sea bien aceptada por los sectores más radicalizados de la sociedad. Boric deberá gobernar el largo periodo que le queda por delante en un clima marcado por el descontento social y por el fracaso de su principal apuesta electoral y de gobierno. Que la sociedad sienta que su lucha fue en vano es uno de los peligros más grandes que plantea el escenario de cara al futuro si gana el “no”.
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