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El gobierno de Chile necesitará aumentar los ingresos para hacer frente a las crecientes “presiones sociales”, según uno de los principales responsables de la política económica del país.
“En el futuro creemos que vamos a requerir más ingresos fiscales”, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, que dejará su cargo en breve, en una entrevista con Bloomberg TV. También dijo que espera que la inflación baje en la segunda mitad del año.
La voraz demanda ha llevado a la inflación de Chile a su nivel más alto desde 2008 y ha desencadenado agresivas subidas de los tipos de interés.
“Esperamos que para el segundo semestre de este año vamos a ver una inflación mucho más baja”, dijo Cerda.
El economista formado en la Universidad de Chicago es uno de los principales artífices de las medidas de estímulo de emergencia que impulsaron el crecimiento del producto interior bruto hasta un récord del 12% el año pasado. Más recientemente, ha encabezado una propuesta que mejorará el pago de las pensiones.
“Esperamos tener una Constitución centrada en el crecimiento”, dijo Cerda. “En ese sentido la inversión internacional es bastante relevante”.
En marzo, Cerda cederá su puesto al ex jefe del Banco Central, Mario Marcel, cuando asuma el presidente electo Gabriel Boric. Los inversores elogiaron el nombramiento de Marcel, que fue leído como una señal de prudencia fiscal, y los mercados financieros están a la espera de su reemplazo en la autoridad monetaria.
Las perspectivas económicas para Chile, que es una de las naciones más prósperas de América Latina, son mucho más sombrías de cara al futuro. Tanto los analistas como los operadores encuestados por el banco central ven la inflación por encima del objetivo del 3% durante los próximos dos años, a pesar de las subidas de los costes de los préstamos, mientras que la actividad se ralentizará considerablemente.
La incertidumbre política está pesando en las decisiones de inversión mientras Chile avanza en la redacción de una nueva carta magna. El martes, una comisión de la Asamblea Constituyente respaldó en primera instancia una propuesta que abre la puerta a la nacionalización de las minas.
Aunque el plan todavía tiene que superar varios obstáculos antes de ser incluido en un borrador de la nueva constitución, su aprobación en la votación inicial provocó, sin embargo, la caída tanto del peso como de las acciones de algunas empresas con operaciones en Chile, como Albemarle Corp. y Anglo American Plc.
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