El pasado 8 de junio se conmemora el Día Mundial de los Océanos para recordarnos que estos ecosistemas son vitales para nuestra existencia como especie, ya que absorben aproximadamente el 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, lo que supera la cantidad que puede absorber el gran pulmón amazónico. Uno de los principales problemas que encuentra este preciado ecosistema es la pesca es de carácter ilegal, no regulada y no reglamentada (INDNR) que viene desarrollándose en el mundo, y en la cual ha tomado un rol protagónico la Nación china.
Tan solo dos meses después de la conmemoración de los océanos, la Armada de Ecuador daba a conocer el dato de que al menos 139 embarcaciones de bandera china se dedicaban a la pesca INDNR a escasos kilómetros de su zona exclusiva económica (ZEE)[1]. Ahora esta flota, como cada año, se traslada hacia el atlántico sur, frente a la costa argentina, atraídos por la abundancia del calamar en la zona.
Desde 1985 el Estado chino ha implementado un sistema de planes quinquenales que subsidian la industria pesquera, expandiendo su actividad con el objetivo de satisfacer la demanda interna de su país. El resultado ha sido la creación de la mayor flota pesquera del mundo pero, a su vez, se ha convertido en el país con el índice más alto de pesca ilegal del planeta. El problema surge cuando esta enorme flota se desplaza a aguas internacionales de países como Argentina, donde el promedio de captura de pesqueros ilegales de bandera china dentro de la ZEE (200 millas desde la costa) ha sido de 2 por año en el último lustro[2].
La cuestión no es menor. Si prestamos atención a la investigación publicada en el mes de septiembre por Associated Press (AP) y la cadena Univisión en colaboración con la ONG Sea Shepherd Global, observaremos que en la última década el número de pesqueros con bandera china, especializados en la pesca del calamar, ha aumentado casi 10 veces, pasando de 54 barcos activos en 2009 a 557 en 2020[3]. Y si bien la captura principal es el calamar, también caen en sus redes otras especies como merluzas, tiburones, rayas, y abadejos.
El Mar Argentino en la mira
Según un reciente proyecto de ley de la cámara de diputados de la Nación argentina, la pesca ilegal de embarcaciones extranjeras supone una pérdida de US $2.000 millones anuales en materia prima, que puede representar alrededor de US $14.000 millones anuales en la comercialización final de esos productos. A su vez, un estudio realizado por la Universidad de Santa Bárbara de California (Estados Unidos) respaldado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha concluido que, si bien el consumo humano mundial de pescado conforma actualmente el 17% de las proteínas que ingerimos, este porcentaje podría incrementarse entre un 36% y 74% para 2050.
Quizás alguien podría pensar que dada la enorme pérdida de recursos de la República Argentina debido a la pesca limítrofe con sus aguas de ZEE, en caso de infringir las leyes y entrar en las 200 millas exclusivas el castigo sería ejemplar. Nada más lejos de la realidad, la legislación local únicamente establece multas de carácter económico que rondan los 150.000 dólares, y no existe la condena penal para capitanes u oficiales que realicen esta práctica.
Y no solo encontramos problemas de carácter económico, sino también políticos como la viabilidad de la operación estadounidense “Southern Cross” (Operación Cruz del Sur) concebida para contrarrestar la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Recientemente se negó la entrada al puerto de Mar del Plata al buque USCGC Stone que, como aseguró en rueda de prensa el vicealmirante Steven Poulin y el director interino de la Oficina de Conservación Marina David Hogan, el buque al que no referimos “es parte de los esfuerzos del gobierno de los EE. UU para construir alianzas de seguridad marítima regional y contrarrestar la pesca ilegal, no declarada y no regulada en la zona del Atlántico Sur”[4]
Según el gobierno de Alberto Fernández, la negativa al atraco en el puerto argentino del USCGC Stone se debió a problemas de carácter técnico, es decir, no había suficiente espacio en el puerto para el enorme buque de 126 metros. Pero, muy por el contrario, el excanciller Jorge Faurie declaró que “por un compromiso político estratégico con China no se le quiso dar al Stone la posibilidad de estar en aguas argentinas”[5].
La ayuda, interesada o no, de Estados Unidos cobra sentido cuando se hace visible la incapacidad de Argentina para controlar sus aguas territoriales: Tan solo mantiene desplegados dos patrulleros oceánicos adquiridos a Francia, pero no tiene capacidad submarina tras el hundimiento del ARA San Juan, ni tecnología de vigilancia aérea de largo alcance.
Si bien existen iniciativas regionales por la Comisión Permanente del Pacífico Sur que buscan combatir la pesca ilegal, es pertinente que se establezca una estrategia de actuación por parte de Argentina, o quizás en conjunto con el resto de países latinoamericanos que se ven afectados por esta práctica.
Lo descrito implicaría una denuncia clara de la problemática y una necesidad de alinearse con el resto de Estados involucrados. El resultado deseable sería constituir un espacio multi actor regional que involucre organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de pescadores artesanales, autoridades nacionales, y representantes del gobierno chino, para evaluar el problema y sus impactos, e implementar una serie de medidas para detener la sobrepesca y la pesca INDNR. A lo último es necesario sumarle una cuantiosa inversión en materia de defensa, seguridad y vigilancia de nuestras aguas territoriales.
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Referencias
[1] https://es.mongabay.com/2020/10/oceanos-la-flota-china-y-su-amenaza-para-el-oasis-de-galapagos/.
[4] https://www.lanacion.com.ar/politica/las-relaciones-carnales-china-motivo-cual-buque-nid2600427/.
[5] Ídem 4.
muy parcial el articulo, ni una palabra sobre la pesca ilegal en aguas argentinas que rodean malvinas que realizan españoles, taiwaneses y coreanos.
La intromisión de diferentes países en la ZEE del Mar Argentino se hace cada vez más frecuente y cada vez más numerosa, indudablemente esto tiene alguna relación con la presencia británica en las Islas Malvinas y el escaso control que Argentina sostiene en sus tan extensas fronteras marítimas. Más del 50% de la Armada se halla inactiva por la falta de inversión y el desinterés político.