Una encuesta de Ipsos publicada este jueves ha mostrado que el 60% de los chilenos está a favor de iniciar el proceso de destitución del presidente Sebastián Piñera por los presuntos negocios por los que su nombre terminó incluido en las investigaciones de los llamados Pandora Papers.
Se le preguntó a la gente si estaba a favor de la acusación ante el Congreso presentada por un grupo de legisladores contra el jefe de Estado por haber “infringido el principio de probidad” y comprometido “el honor de la patria” o no, a lo que el 60% se mostró a favor de la acusación constitucional, mostró la investigación.
La mayoría de las personas que se mostraron a favor del procedimiento eran adultos jóvenes de más de 30 años, dijo Ipsos. Además, el 63% respondió que le parecía muy importante que el Congreso investigara la participación del presidente en los hechos retratados por los Pandora Papers y el 37% estuvo de acuerdo en que su destitución sería buena para Chile.
Los Pandora Papers descubrieron que los negocios de Piñera incluían la venta de una empresa minera a través del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
Los legisladores de la oposición habían recogido firmas para iniciar el juicio político y se espera una votación en el Congreso sobre el tema en las próximas semanas.
Mientras tanto, Piñera ha presentado su defensa ante el Congreso por escrito cerca de la medianoche del jueves, cumpliendo así el plazo de 10 días hábiles.
La Cámara Baja, controlada por la oposición, votará el 8 de noviembre si aprueba o rechaza la acusación.
En caso de dar luz verde, el caso pasaría al Senado -donde hay un mayor equilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición-, que tendría que actuar como jurado.
Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, que forma parte de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una empresa de los hijos del presidente vendió Minera Dominga al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por 152 millones de dólares, a través de un negocio sellado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.
El negocio se realizó en 2010, durante el primer mandato de Piñera como presidente (2010-2014).
No es la primera vez que Piñera está cerca de ser destituido de su cargo. Algunos legisladores habían intentado propulsar un juicio político al presidente en 2019 tras la represión contra los manifestantes durante las revueltas de ese año, pero no lo consiguieron.
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