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El nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha pedido que se relance una investigación sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por los talibanes y los partidarios del Estado Islámico en Afganistán desde 2003.
La medida de Karim Khan muestra la determinación de utilizar el derecho internacional para investigar no sólo los crímenes contra la humanidad del pasado, sino también los actuales. La CPI, con sede en La Haya, ha notificado a los talibanes a través de la embajada de Afganistán en los Países Bajos su intención de reanudar la investigación.
Una investigación anterior de la CPI se aplazó en abril de 2020 tras la petición del entonces gobierno afgano de Ashraf Ghani de que se le diera tiempo para reunir pruebas en cooperación con los abogados de la CPI.
Khan, abogado británico que lleva tres meses en el cargo de fiscal de la CPI, dijo que “los actos odiosos y criminales deben cesar inmediatamente y las investigaciones deben comenzar para reivindicar los principios establecidos hace 75 años en Nuremberg y para honrar la responsabilidad básica de la humanidad ante sí misma”.
Su propuesta afirma que ya no existe la posibilidad de una investigación nacional genuina y efectiva de los crímenes cometidos en Afganistán. Su propuesta incluye un plan para despriorizar, pero no abandonar, los presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y el ejército afgano, ya que no están en curso.
“El actual control de facto del territorio de Afganistán por parte de los talibanes, y sus implicaciones (incluso para la aplicación de la ley y la actividad judicial en Afganistán), representa un cambio fundamental en las circunstancias que hacen necesaria la presente solicitud”, afirma el escrito.
Khan afirma que su investigación no necesita que la CPI se pronuncie sobre el gobierno de jure o de facto del país. También dice que no hay ninguna institución dentro o fuera del país que, en su opinión, pueda solicitar legítimamente un nuevo aplazamiento de la investigación de la CPI.
Uno de los delitos que probablemente se investigarán es el atentado suicida del 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul, reivindicado por el Estado Islámico en la provincia de Jorasán.
El fiscal señala que “informes creíbles sugieren que los talibanes han liberado a miles de prisioneros supuestamente vinculados a los grupos terroristas [Al Qaeda] y el EI, de las instalaciones de detención de la base aérea de Bagram”.
Añadió: “El mandato de la CPI de enjuiciar a los autores de alto nivel cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo es un mandato que debe aplicarse de forma coherente y sin temor ni favoritismo, por lo que no debe descuidar los crímenes de otros presuntos autores de la región, incluidos los nacionales de los Estados no partes que se encontraban en Afganistán en ese momento”.
En 2015, la CPI no pudo investigar las acciones del EI en Siria, ya que la remisión tendría que haber llegado a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces habría surgido una demanda para que la CPI también investigara las acciones de las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad, algo que los rusos habrían bloqueado utilizando su veto en el consejo de seguridad.
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