A propósito del conflicto generado entre Chile y la Argentina con motivo de la oportuna delimitación de nuestro país de la plataforma continental, es interesante efectuar algunas precisiones al respecto, destinadas a esclarecer al común de los argentinos, en un tema de gran complejidad.

Empezaré por decir que la “plataforma continental” según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) comprende el lecho y subsuelo por debajo del mar, que se extiende a lo largo de la prolongación natural del territorio hasta el borde exterior del margen continental. No comprende el fondo oceánico ni el subsuelo de éste. Cuando este margen se extiende más allá de 200 millas marinas desde las líneas de base (la Zona Económica Exclusiva), los Estados ribereños, indica la Convención, delimitarán el límite exterior de la plataforma continental hasta las 350 millas marinas.

La Argentina, en 1995, mediante la Ley 24.543 ratificó la CONVEMAR, por tal motivo, creó la Comisión de Límites de la Plataforma Continental Argentina (COPLA) que, desde su formalización por la Ley 24.815 de 1997, elaboró un trabajo interdisciplinario excepcional que transcurrió durante varios gobiernos (Menen, De la Rúa, Kirchner, Fernández de Kirchner), de modo de cumplir con lo previsto en el artículo 76º (inc. 8 y 9) que establecía: «El Estado ribereño presentará información sobre los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas (…) a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental…» para lo cual, «depositará en las Naciones Unidas las cartas e información pertinente que describa el límite exterior de su plataforma continental…».

Como consecuencia de ello, la referida Comisión de Límites, que funciona en la O.N.U. pero no pertenece a esta Organización, sino que fue creada por la CONVEMAR (Anexo II art. 1 a 3), compuesta de 21 miembros, analizó la voluminosa documentación que la Argentina presentó el 21 de abril de 2009, mediante la cual  solicitó la recomendación por parte de esta Comisión de 1.782.000 km2 de plataforma continental por fuera de las doscientas millas marinas; la cual, el 28 de marzo de 2016 y el 17 de marzo de 2017 recomendó la aprobación de solo 351.633 km2 por cuanto 1.430.367 km2 no fueron tratados -por entender ese Cuerpo- que eran espacios relacionados a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Ya en el año 2020 este gobierno promovió -a mi juicio innecesariamente- la sanción en el Congreso de la Nación de la Ley 27.557 resaltando una supuesta reafirmación soberana sobre espacios que en su mayoría -como dije- estaban en disputa con el Reino Unido, con el objeto evidente de satisfacer políticas domésticas.

Por su parte, la República de Chile, no efectuó similar presentación ante la referida Comisión de Límites y si, bien no hay plazos porque la plataforma continental es “inherente” a los Estados, es particularmente notable la falta de observación oportuna de Chile, ya que por un lado los técnicos que integraban la Comisión recomendaron por unanimidad la presentación argentina en los kilómetros cuadrados indicados, que incluían el espacio, hoy reclamado por Chile y, tampoco el país vecino efectuó observación alguna, entre la presentación y la recomendación a Argentina (entre 2009 y 2017) y, recién el pasado 27 de agosto de 2021 el gobierno de Sebastian Piñeyro cuestionó por Decreto los espacios informados por la Argentina, entendiendo que en el sur de Tierra del Fuego, se podría estar cercenando derechos chilenos relativos a la isla Diego Ramirez y,   fundado en que Chile, pretendería proyectar su plataforma continental al este de las coordenadas establecidas en el artículo 7º del  Tratado de 1984.

Es difícil entender el reclamo chileno ya que, correspondería indicar los límites que se acordaron entre ambos países por el Tratado con Chile de 1881, el Protocolo Complementario de 1893 y, especialmente por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, donde se estableció una línea divisoria en las coordenadas 67º 16′ que delimita claramente a ambos países: «El límite entre las respectivas soberanías sobre el mar, suelo y subsuelo de la República Argentina y de la República de Chile en el mar de la Zona Austral a partir del término de la delimitación existente en el Canal de Beagle será la línea que una los puntos que a continuación se indican y que se identifican con líneas y los puntos A, B, C, D. E y F, donde se indica que desde el punto E el límite continuará hacia el Sur hasta el punto cuyas coordenadas son 58° 21′,1 de latitud Sur y 67° 16′,0 longitud Oeste identificado como punto F.

A esta altura suscribo a la expresiones del Coordinador del Departamento del Atlántico Sur del IRI el Dr. Carlos Alberto Biangardi Delgado en el sentido de que “Argentina y Chile se han reconocido mutuamente derechos de soberanía sobre una porción del cuadrante antártico suramericano: promover la defensa conjunta de la misma dentro del Sistema del Tratado Antártico, ya que los actores extrarregionales que operan hoy en la Antártida dificultarán al extremo una acción individual exitosa de cada uno de estos países (…) lo importante es no ser funcional al juego de todos aquellos interesados en dividirnos, solucionando este nuevo diferendo dentro del amplio marco que nos ofrecen las herramientas del Derecho Internacional (…) y promover la defensa conjunta del cuadrante antártico suramericano reclamado por ambos países, partiendo de la base del mutuo reconocimiento de la soberanía sobre el mismo”.

Dicho esto, no deja de llamar la atención la innecesaria confrontación en estos momentos, en que ambos países enfrentan procesos electorales y Chile lleva además adelante, una reforma Constitucional, a la par de que la Argentina, sufre una invasión británica de 1,6 millones de km2 de sus mares y territorios insulares en el Atlántico Sur; la explotación de sus recursos naturales; más la pretensión del Reino Unido de disputarnos millones de km2 de plataforma continental y la Antártida.

Este reclamo chileno, debería resolverse entre ambas Cancillerías, evitando pasar por arbitrajes que tensionan, respetándose las mutuas soberanías y de la manera más efectiva, para que estas diferencias no sean funcionales a intereses ajenos a Suramérica.

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César Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Ex Asesor en la H Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, Consultor, autor de 24 libros (entre ellos "Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera", 2019).

5 COMENTARIOS

  1. Ya hubo en los Tratados bilaterales perfecto entendimiento de los límites en que ambas naciones poseen y por lo cual deben de acatar. Bajo ninguna circunstancia este reclamo por Chile debe de llevarse a Arbitraje, porque si es así crearía un nuevo Precedente para que Naciones firmen y luego rechacen entendimientos ya legalmente establecidos. La Argentina no debe de rendirse a juegos ya cometidos anteriormente por Chile a través de la historia.

  2. Es la permanente política expansionista chilena. Así llegaron del río Bío-Bío a la Antártida, así le robaron la salida al mar a Bolivia y la provincia de Arica a Perú. Parece que no comprenden que Gran Bretaña reclama también gran parte del sector antártico reivindicado por ellos. En vez de hacer causa común, siempre funcionales al imperio.

  3. Soy un chileno que reside hace varios años en Argentina y siento mucha vergüenza de nuestro presidente, pero hay que poner las cosas en contexto: El régimen neoliberal pinochetista encabezado por piñera pese a la brutal represión y violación a los derechos humanos sufrió una dura derrota en las calles a manos de los sectores populares. La reforma constitucional fue un logro de la lucha persistente y la movilización. Piñera es un títere del establishment oligárquico chileno y también británico y esta tratando de desviar la atención con este tipo de artificios, quieren frenar y retrasar por cualquier medio el proceso democratizador iniciado por el pueblo, ponen palos en la rueda a la reforma constitucional y buscan ante todo retener sus privilegios ante un pueblo valiente que reclama reformas y justicia.

  4. Excelente articulo. Una necedidad de la politica interna chilena que no hace más que beneficiar a los británicos, que continúan manteniendo un enclave colonial usurpando nuestro territorio y sus aguas circundantes y explotan ilegalmente nuestros recursos.

  5. mmm en 1971 fuimos de comun acuerdo y de buena fe, a un arbitraje de la reina de inglaterra, en ese tiempo argentina la apreciaba jaja, 7 años despues al ver que le daba la razon a chile cometieron, el mas grotesco acto de matonaje y mala vecindad, declararon insanablemente nulo el laudo, obligandonos a 7 años de mediacion ,donde argentina a cambio del mar chileno contenido en el laudo del 77, acepto no extenderse mas alla del punto f , declarado alta mar, notar que para el tratado no existe ni pacifico ni atlantico, solo mar austral.

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