Miles de manifestantes protestaron ayer en Colombia en contra del polémico proyecto de reforma fiscal del gobierno de Iván Duque. Como consecuencia, unas 40 personas fueron detenidas por actos de vandalismo y 42 policías resultaron heridos.

Los sindicatos y las organizaciones sociales se movilizaron pese a que un tribunal ordenó el martes posponer las manifestaciones por el temor a un aumento de contagios de coronavirus en el marco de la tercera ola de Covid-19. El país acumula 2,82 millones de casos positivos y 72.725 muertes por la pandemia (490 en las últimas 24 horas).

El principal reclamo detrás de las movilizaciones es un documento de 110 páginas que el gobierno colombiano llamó Ley de Solidaridad Sostenible. Sin embargo, la polémica propuesta de ley no es la única razón de las manifestaciones, en este clima de protesta se agrega el creciente descontento interno por los efectos sociales que ha tenido la pandemia del covid-19 en el país, que se ha cobrado la vida de unas 72.000 personas y ha llevado al aumento en los niveles de desempleo y pobreza.

La llamada Ley de Solidaridad Sostenible, presentada al Congreso la semana pasada, tiene como objetivos principales los siguientes cuatro puntos: ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental.

La idea, de acuerdo al gobierno, es recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales (unos US$6.300 millones). Pero se pone el foco de la fuente de esa recaudación. La respuesta del propio ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, parece aclararlo todo: “El recaudo vendrá en un 73% de las personas naturales y el resto, de las empresas”.

Además, la ley propone imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que en Colombia llega a un 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros servicios hasta ahora exentos. También se proyecta un aumento en los impuestos al patrimonio de las personas que más ganan.

Las manifestaciones son las más recientes de una serie de protestas que iniciaron a finales de 2019 para rechazar las políticas económicas y sociales del presidente Duque, quien finaliza su mandato en agosto del próximo año. Se espera que las movilizaciones en las principales ciudades del país cafetero sigan desarrollándose, mientras el gobierno prepara un plan de contingencia para evitar aglomeraciones y más contagios de Coronavirus.

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Redacción
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