Andréi Klishas y Pável Krashennínikov, dos legisladores del partido Rusia Unida, la formación del Gobierno, presentaron el martes un proyecto de ley para garantizar la inmunidad a los expresidentes rusos de por vida.
Lo más importante: el cambio legal dificultaría enormemente procesar a Putin y a Dmitri Medvédev –en el sillón del Kremlin de 2008 a 2012 y el único otro expresidente vivo– por causas anteriores y posteriores a su etapa de mandatarios y no solo por causas derivadas de sus años en el cargo, como la ley dicta ahora.
La reforma les propone una vía para garantizarse un futuro tranquilo si abandonan la política. Pero otra reforma legal en marcha les ofrece otra opción tras la presidencia: un cargo de senador vitalicio que también acarrearía un sueldo e inmunidad.
La inmunidad solo podrá ser levantada con el acuerdo de una mayoría reforzada en el Senado y una vez que la Duma haya aprobado y presentado el pliego de acusaciones, tras haber consultado con el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. En ambas votaciones parlamentarias, se requiere el respaldo de dos tercios de los diputados y senadores.
En el proyecto de ley afirma que el presidente no puede ser detenido, interrogado, sometido a registro tanto en su vivienda, como en los locales donde trabaje, sus medios de transporte o comunicación, documentos, equipaje, etc.
La ley para blindar la inmunidad de los expresidentes y la que les brinda la opción de ser senadores vitalicios forman parte del desarrollo normativo de la reforma de la Constitución rusa, que los rusos avalaron con una votación nacional este verano, y que allana el camino para que Putin pueda extender su mandato hasta 2036; tendría 84 años.
La presentación de este proyecto de ley abre de nuevo los interrogantes sobre el futuro y las intenciones del presidente ruso a mediano plazo.
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Estos muchachos sí que saben cómo cubrirse las espaldas.
Igual que aquí en Argentina.