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- Myanmar celebra comicios dominados por el partido aliado del ejército tras el golpe de 2021.
- La junta enfrenta acusaciones de genocidio contra los rohinyás en la Corte Internacional de Justicia.
- Más de 3,6 millones de desplazados y sanciones internacionales limitan la legitimidad del proceso.
El 11 de enero de 2026, Myanmar celebró la segunda fase de unas elecciones dominadas por el Union Solidarity and Development Party (USDP), el brazo político de la junta militar. Con una participación inicial del 52% y un terreno despejado tras la disolución de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Aung San Suu Kyi y otras fuerzas opositoras, el proceso ha sido ampliamente criticado como un simulacro electoral.
La junta insiste en que se trata de una “victoria para el pueblo”, pero testimonios desde Yangon reflejan que muchos votaron por miedo a represalias, más que por convicción. La ONU y gobiernos occidentales han calificado la elección como ni libre ni justa, al excluir a la oposición y realizarse en un contexto de coerción y guerra civil.
El golpe de 2021 como punto de partida
El trasfondo de estas elecciones es el golpe militar del 1 de febrero de 2021, cuando el Tatmadaw anuló los resultados de las elecciones de 2020 y detuvo a Aung San Suu Kyi. Desde entonces, el país vive una guerra civil que ha dejado miles de muertos y más de 3,6 millones de desplazados internos.
Suu Kyi permanece en prisión con condenas que suman 27 años, consideradas por observadores internacionales como fabricadas para neutralizar a la oposición democrática. La eliminación de su partido y el control militar absoluto del proceso electoral muestran cómo el golpe sigue marcando la política del país.
Juicios por genocidio en La Haya
En paralelo, Myanmar enfrenta procesos internacionales por la persecución a la minoría rohinyá. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya analiza el caso presentado por Gambia, que acusa al Tatmadaw de genocidio por la campaña de violencia de 2017.
Se estima que más de 730.000 rohinyás fueron expulsados hacia Bangladesh tras operaciones militares que incluyeron asesinatos, violaciones masivas y la quema sistemática de aldeas. La ONU concluyó que al menos 10.000 personas murieron en esa ofensiva.
La junta niega las acusaciones y evita incluso usar el término “rohinyá”, intentando diluir la identidad del grupo reconocido como inmigrantes ilegales de Bangladesh. Sin embargo, los juicios refuerzan la percepción internacional de que el régimen militar carece de legitimidad y credibilidad.
El intento de la junta de legitimar su poder mediante elecciones ocurre en un contexto marcado por el golpe militar de 2021 y los juicios internacionales por genocidio. Lejos de proyectar estabilidad, el proceso refuerza la imagen de Myanmar como un país atrapado entre la represión interna, la crisis humanitaria y el aislamiento internacional. El desenlace de la última ronda de votación prevista para el 25 de enero será clave, pero difícilmente logre revertir la percepción de que se trata de un régimen militar sin credibilidad.
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