- Islas Malvinas: la Cancillería argentina valoró que el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, reconociera explícitamente la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido
- Israel remarcó que se trata de una iniciativa de una empresa privada (Navitas) sin participación estatal, aunque admitió el malestar generado y pidió una salida por diálogo.
- El trasfondo es Sea Lion, yacimiento “offshore” al norte del archipiélago: el consorcio Rockhopper (35%) – Navitas (65%) ya tomó la decisión final de inversión (FID) para avanzar con el desarrollo.
- El plan contempla dos fases (aprox. 320 MMboe recuperables) y una inversión total estimada en US$ 2.200 millones, con primera producción prevista para 2028 y un pico de 50.000 barriles/día en la Fase 1.
En las Islas Malvinas, una declaración pública del canciller israelí Gideon Sa’ar introdujo un matiz inusual en la discusión sobre hidrocarburos en el Atlántico Sur: reconoció que las actividades anunciadas por una firma de capital israelí se proyectan en un área cuya soberanía está en disputa entre la Argentina y el Reino Unido, y expresó que Israel espera que la controversia se resuelva “mediante el diálogo” y por vías pacíficas.
El intercambio se activó tras una presentación diplomática argentina vinculada al avance del proyecto Sea Lion, impulsado por el consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum (a través de su estructura operativa para el proyecto). En su respuesta, Sa’ar aclaró que se trata de una compañía privada y que el gobierno israelí no está involucrado en la operación, aunque lamentó el malestar en Buenos Aires.
Del lado argentino, el canciller Pablo Quirno destacó el reconocimiento de la existencia de la disputa y reiteró la posición oficial: mientras la controversia permanezca abierta, las empresas —“de cualquier nacionalidad”— deberían abstenerse de avanzar de manera unilateral en exploración o explotación de recursos en el área.
Proyecto Sea Lion: del anuncio político al “modo ejecución”
La dimensión del caso no se explica solo por el pronunciamiento diplomático: Sea Lion dejó atrás una etapa prolongada de indefiniciones y, con el FID, entró formalmente en fase de ejecución del desarrollo. Según la información comunicada por Rockhopper al mercado, el gobierno impuesto de las Islas Malvinas aprobó el Field Development Plan para las Fases 1 y 2 y las licencias pasaron a etapa de explotación por 35 años, marco que habilita el despliegue industrial del proyecto.
En términos técnicos y económicos, el esquema aprobado prevé un desarrollo por etapas: una Fase 1 con recuperación estimada en 170 millones de barriles, pico de 50.000 barriles/día y “first oil” proyectado para el primer semestre de 2028; y una Fase 2 con otros 149 millones de barriles. En total, el plan de desarrollo informado suma del orden de 320 MMboe recuperables.
El armado contractual también muestra el paso a una fase “industrial”: el consorcio reportó un acuerdo de charter para un FPSO, junto con avances y/o acuerdos preliminares para componentes clave como perforación (drilling rig) y SURF (subsea umbilicals, risers and flowlines)
Financiamiento y estructura societaria
El punto crítico para transformar el FID en actividad sostenida es el financiamiento. Rockhopper informó un costo total estimado de US$ 2.200 millones (incluida contingencia), con una arquitectura que combina deuda “non-recourse” para la compañía del proyecto y aportes de capital de los socios: alrededor de US$ 1.000 millones de deuda y US$ 800 millones de equity (aprox. US$ 700 millones Navitas y US$ 100 millones Rockhopper), además de una contingencia incorporada en la estructura. La compañía señaló que esperaba alcanzar el financial close hacia fines de enero de 2026.
En la participación accionaria, Rockhopper confirmó que mantiene 35% de interés en las licencias del área, lo que implica el 65% restante para Navitas dentro del consorcio.
La reacción argentina se explica por una combinación de factores: el cambio de escala del proyecto (del anuncio a la ejecución), el volumen potencial de inversión y producción, y el hecho de que el operador/consorcio se apoya en un marco regulatorio administrado por autoridades locales bajo control británico. En ese contexto, el gobierno argentino buscó dejar asentada su posición y, a la vez, encauzar el episodio con Israel en términos políticos: separar la decisión de una firma privada de la postura de un Estado con el que Buenos Aires sostiene una relación bilateral activa.
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