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La Comisión Europea confirmó la semana pasada el endurecimiento de sus fronteras frente a flujos migratorios ilegales, crecientemente percibidos como el nuevo eje central de la seguridad en Occidente. La declaración cristaliza un proceso impulsado desde hace años por diversos líderes europeos para endurecer sus políticas migratorias, además de coincidir con la nueva doctrina de seguridad estadounidense, enfocada en la expulsión de indocumentados.
Esta tendencia, presente en ambos pilares históricos de Occidente, evidencia la llegada de una nueva coyuntura securitaria en expansión: unilateral, fragmentada y en constante alerta.
El agotamiento de la acogida de inmigrantes en Europa
Hace dos décadas, la Unión Europea –junto a EE.UU.– lideraba el inicio de una era de apertura que incentivaba la llegada de profesionales extranjeros para sostener sus economías, a causa del rápido envejecimiento de sus propias poblaciones. En ese sentido, hace 10 años, Merkel abría las puertas de Alemania a un número histórico de refugiados sirios. Sin embargo, en la actualidad el conjunto europeo se prepara para la entrada en vigor de nuevos mecanismos y acuerdos en busca de reformar las políticas fronterizas europeas hacia el cierre y la protección, iniciando la nueva era securitaria.
Y es que los problemas internos en torno a la inmigración se han vuelto el centro de las críticas de los partidos nacionalistas y conservadores en la región. En Alemania —donde se había propuesto manejar exitosamente la acogida siria— el sistema de asilo se encuentra saturado y es incapaz de procesar las solicitudes al ritmo que se requiere, según reporta EFE. Paralelamente, países como Italia enfrentan la paradoja de continuar necesitando mano de obra extranjera para sostener su economía, mientras lidian con la incentivación de llegadas irregulares, un fenómeno cada vez más rechazado por el público y la política local.
La raíz de la continua presencia de esta situación yace en que los Estados de la Unión Europea carecen de libre albedrío para reformular sus políticas migratorias unilateralmente. Al haber cedido parte de su soberanía al organismo, la capacidad de Italia, Alemania u otros para ajustar sus fronteras ya no depende de sus propias urgencias, sino de los largos y complejos consensos en Bruselas.
La externalización de la frontera: acciones desde la Unión Europea
Bajo su actual mandato, Ursula von der Leyen ha devuelto el foco de la Comisión Europea a la seguridad, priorizando el control migratorio. Pese a este compromiso, los Estados miembros continuan discrepando profundamente sobre cómo abordar la inmigración ilegal, una división alimentada por la desigual presión que soportan sus fronteras. “La Unión Europea no debe tener miedo a buscar formas concretas para gestionar la migración”, afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a EFE en octubre, validando la urgencia de pasar a la acción operativa.
Michel señaló como herramienta clave la revisión de las políticas de retorno y la creación de una lista común de “países terceros seguros” para agilizar responsablemente las deportaciones. Para avanzar en esta vía de externalización, la UE ha activado durante los últimos meses acuerdos bilaterales con naciones estratégicas. En octubre, se celebró la cumbre Egipto-UE, centrada en colaboraciones transaccionales —financieras y comerciales— para reforzar el control fronterizo; y en noviembre, la Unión Africana se comprometió igualmente a cooperar en la prevención de flujos irregulares. Para consolidar la cooperación en ambos frentes, la UE enfatiza constantemente su apoyo para abordar las causas profundas e históricas que impulsan la emigración masiva.
Hacia reformas estructurales en el control migratorio
No obstante, estos avances conjuntos no satisfacen la totalidad de las demandas de los países más presionados, como los colindantes al Mediterráneo. El último ‘Eurobarómetro’ de la Comisión refleja que los españoles ya sitúan la inmigración irregular como el primer desafío europeo, superando al promedio continental e incluso a la preocupación por la guerra ruso-ucraniana.
Esta preocupación fue articulada con firmeza por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU en septiembre. Meloni advirtió: “Las políticas actuales, fomentadas por organismos internacionales, terminan protegiendo a los criminales en nombre de los derechos humanos”. En su discurso, abogó por una revisión de las convenciones de asilo, argumentando que responden a una era previa a la inmigración masiva y que hoy son interpretadas por poderes judiciales que calificó de “politizados”, limitando la capacidad soberana del Estado para decidir quién cruza sus fronteras.
Bajo estas premisas, Italia ha pasado de la retórica a la acción, consolidando un frente común crítico con los límites actuales. Según un reporte de EFE de mayo, Roma y Copenhague han liderado un bloque —al que se sumaron otros siete países— que ha exigido formalmente revisar la Convención Europea de Derechos Humanos para ampliar el margen nacional en las expulsiones de migrantes con antecedentes penales. La estrategia de Meloni, por tanto, no busca romper con Bruselas, sino reformar sus reglas desde dentro, con el fin de dar cobertura legal a las deportaciones ágiles y a los modelos de gestión extraterritorial que hoy reclama una parte creciente del continente.
El reflejo estadounidense: la ‘seguridad civilizacional’ impulsada por Trump
Mientras Europa intenta coordinar el cierre de sus fronteras a través de procesos conjuntos, Estados Unidos adopta la unilateralidad como vía clave para el mismo objetivo. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional, publicada este mes por la Casa Blanca, formaliza la dirección securitaria anunciada por Donald Trump desde su regreso: el fortalecimiento del modelo occidental del Estado-Nación en todo el mundo, bajo un arquetipo inspirado en Washington. Esta doctrina implica, por definición, la jerarquización absoluta de los intereses nacionales sobre los compromisos internacionales, y por ende, la priorización de la población local frente a cualquier consideración migratoria o de refugio.
Bajo esta lógica, Trump ha redefinido la postura de EE. UU. hacia sus aliados, advirtiendo a Europa que sus actuales políticas de apertura amenazan con “poner fin a su civilización”. En la perspectiva del mandatario y del resto de la derecha nacionalista, los organismos transnacionales como la UE debilitan la soberanía esencial del Estado. En ese sentido, Trump ha celebrado las posturas de líderes que desafían el consenso de Bruselas, como Meloni en Italia o Donald Tusk en Polonia —quien en marzo suspendió temporalmente el derecho al asilo priorizando la seguridad nacional.
Esta tendencia hacia la acción unilateral se extiende como un espejo a ambos lados del Atlántico, consolidando una coyuntura de cierre generalizado de la región. Aunque es clave recordar que el bloque europeo no responde a órdenes directas de Washington —de hecho, Von der Leyen advirtió esta semana a Trump que no debe “interferir en los procesos democráticos europeos”—, reportes de Reuters confirman que la diplomacia estadounidense ha conformado lobbies para extender esta agenda nacionalista. Así, mientras Bruselas actúa mediante procesos ralentizados por su arquitectura legal, la estrategia estadounidense se distingue por su abruptez, ejecutando la contención mediante la expulsión directa e inmediata.
El triunfo de la geopolítica sobre la globalización: El retorno de las fronteras en Occidente
Lo que presenciamos no es una simple coincidencia estratégica entre Washington y Bruselas, sino el síntoma de una fractura profunda en el orden mundial. Atrás parece quedar la promesa del “Fin de la Historia” que popularizó Francis Fukuyama, aquella que auguraba tras la Guerra Fría una expansión perpetua de la democracia liberal y un comercio sin barreras. La realidad actual ha desmentido ese optimismo: el sistema multilateral se tambalea y la interdependencia, antes vista como garantía de paz, hoy se percibe como una vulnerabilidad. En este nuevo tablero, Occidente redibuja sus límites, y la frontera deja de ser un espacio de tránsito para convertirse en una barrera de contención.
Ante este repliegue, la lógica de supervivencia estatal desplaza a la de la cooperación económica. Tanto la doctrina de “seguridad civilizacional” de Trump como la externalización fronteriza de la UE —impulsada por líderes como Meloni o Tusk— responden a un mismo imperativo: reafirmar la soberanía nacional ante la incertidumbre global. El objetivo ya no es solo gestionar flujos demográficos, sino fortificar la identidad política y la cohesión interna, priorizando la seguridad nacional por encima de los ideales humanitarios tradicionales o las necesidades del mercado laboral.
En consecuencia, el sistema internacional profundiza sus fracturas, trascendiendo la disputa comercial para evidenciar el colapso del ideal de un ‘mundo sin fronteras’. Al consolidar la seguridad nacional como eje rector, el control territorial se convierte en el nuevo símbolo del poder occidental. Este giro, no obstante, conlleva un costo estratégico irreversible: al relegar la solidaridad internacional y las convenciones de asilo, Occidente no solo redefine sus valores fundacionales, sino que pone a prueba su propia capacidad de liderazgo global, arriesgando su reputación e influencia en una coyuntura de desconfianza que sus propias doctrinas contribuyen a agravar.
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Por: Carla Lucia Medina Medina, estudiante de tercer año de la carrera de Relaciones Intenracionales.
