El Reino Unido decidió suspender parte de su cooperación de inteligencia con Estados Unidos vinculada al seguimiento de embarcaciones sospechadas de narcotráfico en el Caribe, ante la preocupación de que esa información esté siendo utilizada para ejecutar ataques letales que, según Londres, violan el Derecho Internacional. La medida representa una ruptura inédita en la colaboración histórica entre ambos aliados.
De acuerdo con el informe de la CNN, el Reino Unido habría interrumpido el flujo de inteligencia hacia la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF-South), con sede en Florida, que coordina la lucha contra el narcotráfico marítimo junto a varios países del hemisferio occidental. La decisión se tomó tras el inicio de una serie de ataques militares estadounidenses contra embarcaciones en septiembre, en el marco de la campaña antidroga impulsada por la administración de Donald Trump.
Fuentes consultadas indicaron que Londres teme que sus datos de inteligencia estén siendo utilizados para seleccionar objetivos de ataque, algo que considera incompatible con el marco legal que rige las operaciones internacionales contra el crimen organizado. El gobierno británico coincide con la evaluación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien afirmó el mes pasado que los ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales” contrarias al Derecho Internacional Humanitario.
De la cooperación al distanciamiento
Durante años, el Reino Unido, que mantiene presencia territorial y bases de inteligencia en el Caribe, colaboró activamente con Estados Unidos en el rastreo de buques sospechados de contrabando, permitiendo que la Guardia Costera estadounidense interdictara las embarcaciones, detuviera a la tripulación y confiscara la carga. Sin embargo, desde el cambio de enfoque ordenado por el Pentágono en septiembre, las operaciones pasaron de la interdicción policial a ataques directos mediante aeronaves y drones armados, que según reportes ya provocaron la muerte de 76 personas.
El gobierno británico considera que la nueva estrategia se aparta de los estándares internacionales. “Antes, los traficantes eran tratados como criminales con derechos procesales, pero ahora se los define como combatientes enemigos”, explicó una fuente diplomática citada en el reporte. La Casa Blanca sostiene que las acciones “cumplen plenamente con la Ley de Conflictos Armados”, argumentando que las organizaciones narcotraficantes designadas como grupos terroristas extranjeros representan una amenaza inminente para la seguridad estadounidense.
La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia emitió un dictamen, aún clasificado, que respalda esa interpretación. No obstante, especialistas en derecho internacional y abogados del propio Departamento de Defensa habrían expresado reservas sobre la legalidad de las operaciones, sosteniendo que la designación de una organización como terrorista no autoriza automáticamente el uso de fuerza letal. Varios ataques documentados por medios independientes afectaron embarcaciones que estaban detenidas o retornaban a puerto, lo que contradice la premisa de “amenaza inminente” invocada por Washington.
La controversia también generó tensiones dentro de la estructura militar estadounidense. El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur (SOUTHCOM), habría ofrecido su renuncia tras cuestionar la legalidad de los bombardeos durante una reunión con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Su salida está prevista para diciembre, apenas un año después de asumir el cargo.
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