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El gobierno de los Estados Unidos avanzaría en los preparativos para una operación militar encubierta en territorio mexicano destinada a combatir el narcotráfico, atacar laboratorios de drogas así como eliminar a líderes de carteles, según confirmaron funcionarios actuales y ex funcionarios estadounidenses a NBC News.
De concretarse, se trataría de un cambio de doctrina sin precedentes, que abriría un nuevo frente en la política de “guerra contra el narcotráfico” impulsada desde Washington.
La administración Trump ya había dado señales de expansión operativa. Desde septiembre, Estados Unidos ejecutó 15 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de que transportaban narcóticos vinculados a grupos como el Tren de Aragua.
Ahora, el proyecto apunta directamente a México, donde las agencias de inteligencia estadounidenses —con la CIA y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) al frente— diseñan un plan para desplegar personal sobre el terreno con autorización del llamado “Título 50”, que permite operaciones encubiertas bajo mando de la comunidad de inteligencia.
La expansión de la autoridad antiterrorista
En febrero, el Departamento de Estado designó seis carteles mexicanos y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas extranjeras, lo que habilita al aparato de seguridad estadounidense a realizar espionaje, ataques con drones y operaciones de sabotaje bajo cobertura antiterrorista. Esa calificación jurídica es la base legal del plan actual: la Casa Blanca podría emplear drones de ataque desde suelo mexicano y, en caso de necesidad operativa, insertar operadores especiales para dirigir los golpes con precisión.
Aunque las fuentes citadas por NBC aclaran que no hay un despliegue inminente, reconocen que el entrenamiento preliminar ya comenzó. De implementarse, la misión se mantendría en secreto, sin reconocimiento público de Washington ni coordinación explícita con el gobierno mexicano.
Tensiones con el gobierno de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió previamente a versiones similares con una posición tajante: “Rechazamos cualquier forma de intervención o injerencia. México colabora, pero no se subordina”. Sin embargo, informes de inteligencia confirman que la CIA mantiene vuelos de vigilancia sobre territorio mexicano, iniciados durante la administración Biden y ampliados desde que Trump regresó a la Casa Blanca.
México, por su parte, ha desplegado 10 000 soldados en la frontera norte, incrementó las incautaciones de fentanilo y extraditó a 55 jefes de cartel hacia Estados Unidos. Pese a ello, Trump ha reiterado que “México está controlado por los carteles”, dejando entrever que considera insuficientes las medidas de cooperación bilateral.
Si bien el Pentágono insiste en que la misión no busca socavar al gobierno mexicano, los planes marcan una ruptura con décadas de colaboración limitada entre ambos países, que hasta ahora se había restringido al intercambio de inteligencia, asesoramiento y operaciones conjuntas de bajo perfil. El uso de fuerzas especiales y drones estadounidenses dentro de México implicaría un salto cualitativo en la militarización de la política antidrogas, transformando la lógica de cooperación hemisférica en una intervención unilateral de facto, amparada en el discurso del “terrorismo transnacional”.
Un tablero regional bajo presión
La eventual incursión en México se enmarca en una estrategia más amplia de proyección militar estadounidense en América Latina, visible también en las operaciones de Venezuela y el Caribe, donde Washington ha empleado ataques letales contra presuntos objetivos narcotraficantes sin supervisión judicial internacional.
La región, según analistas, vive un reordenamiento estratégico: mientras Trump impulsa su doctrina de “seguridad hemisférica ampliada”, gobiernos como los de Brasil, Colombia y Argentina enfrentan el dilema de alinearse con la ofensiva antidroga o defender los límites de soberanía nacional. De concretarse la operación, sería la primera intervención militar directa de Estados Unidos en territorio mexicano en más de un siglo, un hecho que, más allá de su justificación formal, redefiniría el equilibrio geopolítico del continente.
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