A partir de la publicación del Informe N°144 de la Cámara de Diputados por parte del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, se pudo conocer un extenso capítulo dedicado a la política exterior argentina, detallando los principales lineamientos diplomáticos, comerciales y estratégicos del gobierno de Javier Milei, incluyendo la cuestión de las Islas Malvinas.
En este contexto, la actual administración ha expresado su visión sobre el reclamo de soberanía, afirmando que “la República Argentina mantiene una posición inalterable respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes . El Gobierno argentino protesta cada acto unilateral que ejerce el Reino Unido en el área ilegítimamente ocupada, considerándolos violatorios de la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas. Además, continúa elevando la Cuestión Malvinas a todos los foros regionales y multilaterales pertinentes”, destaca.
Pero el Informe N.º 144 elevado al Congreso revela la postura oficial del Gobierno argentino frente a una serie de temas sensibles vinculados a la soberanía en el Atlántico Sur, como la pesca ilegal en las Islas Malvinas, los vínculos militares con el Reino Unido y las restricciones impuestas por el veto británico a la modernización de las Fuerzas Armadas. Las respuestas, aunque diplomáticas, trazan una línea crítica hacia administraciones anteriores y buscan justificar la estrategia actual como una combinación de firmeza soberana y prudencia táctica.
Pesca ilegal y protestas diplomáticas
Consultado sobre la entrega indiscriminada de permisos de pesca por parte del Reino Unido en aguas circundantes a las Islas Malvinas, el Gobierno respondió que el Consejo Federal Pesquero no tiene competencia para sancionar actividades contrarias a la Ley 24.922 en esa zona. En cambio, se remarcó que la Cancillería protesta formalmente cada acto unilateral británico, en línea con la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, y que la Cuestión Malvinas se mantiene activa en foros regionales y multilaterales. A pesar de las gestiones, no se detallan medidas concretas para frenar la explotación pesquera en el área ocupada.
El informe consulta sobre la cuestión de pesca ilegal en Malvinas, específicamente sobre las acciones que realiza la Argentina “ante la entrega indiscriminada de permisos de pesca que otorga Gran Bretaña para la pesca en la zona”. La respuesta fue, ni más ni menos, diplomática: “El Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informa que, respecto de la cuestión referenciada, no es competencia del Consejo Federal Pesquero el control y la sanción de las actividades pesqueras contrarias a la Ley 24.922. Sus competencias centrales están enunciadas en el artículo 9º de dicha ley”, reza el informe.
Defensa, veto británico y acusaciones cruzadas
En materia de defensa, el Ejecutivo aseguró que no existen nuevos acuerdos formales con el Reino Unido y que los contactos se limitan al ámbito protocolar entre agregadurías. No obstante, se reconocen intercambios exploratorios para reducir tensiones y discutir la vigencia del veto británico, considerado “extemporáneo”.
En torno a la compra de armas y los acuerdos con el Reino Unido, el informe detalla que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que “todo diálogo con Reino Unido se desarrolla bajo la fórmula de salvaguardia de soberanía”, y que “propiciar dicho diálogo no implica en modo alguno la renuncia a rechazar las acciones británicas contrarias a los derechos soberanos argentinos y al derecho internacional”.
En paralelo, el Informe enfatiza en que la Argentina continúa adelante con sus planes de modernización de las Fuerzas Armadas a pesar de restricciones, como el veto británico. Contundente, la respuesta incluyó un traslado de responsabilidad a gobiernos argentinos anteriores. “Cabe subrayar que la estrategia británica de preservar el statu quo en Malvinas ha incluido explotar la interdependencia industrial global para, mediante terceros países, bloquear o dificultar la modernización del equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas”. Pero eso, según el documento, fue utilizado por gestiones anteriores como excusa para no invertir en la modernización militar. “Presentaron falsamente el embargo como un obstáculo insuperable”, señala el documento.
Diálogo militar y diplomacia estratégica
Ante las denuncias sobre un supuesto “diálogo militar secreto” con el Reino Unido, difundidas por el medio The Economist, el Gobierno negó cualquier acuerdo oculto y aclaró que se trata de contactos técnicos consistentes con la práctica internacional. Así, respondió que el Ministerio de Defensa ha abordado el vínculo con el Reino Unido en materia de defensa “con firmeza en nuestros reclamos soberanos y prudencia estratégica” desde el inicio de la actual administración.
“En este sentido, se han sostenido contactos orientados a explorar entendimientos que contribuyan a la mejora de la relación bilateral en materia de defensa. No se han establecido nuevos acuerdos formales de cooperación en Defensa con el Reino Unido; los intercambios se limitan al ámbito protocolar e informativo habitual, propios de una relación entre agregadurías y canales institucionales”, resalta la respuesta.
Destaca que el actual gobierno de Javier Milei volvió a abrir los canales de diálogo básicos en materia de defensa, sin concesiones de ninguna naturaleza en nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por el contrario, de trata de un “contacto técnico-político exploratorio con objetivo de reducir tensiones”, así como explicar el proceso de modernización y discutir la política de veto británico que se considera “extemporánea”.
“Se buscó avanzar gradualmente hacia un clima bilateral más seguro y predecible, en línea con la política de prudencia estratégica que combina firmeza en el reclamo soberano con precaución en el manejo de la relación militar con el Reino Unido, contrario a lo hecho durante los períodos 2007 a 2015 y 2020 a 2023”, detalla la respuesta oficial. Asimismo, enfatiza en que se trata de un profesional consistente con la práctica internacional, el cual no implica concesión alguna en la reivindicación sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. “No hubo nada que “informar o debatir ante el Congreso” en tanto no se arribó a ningún convenio ni decisión que amerite tratamiento legislativo”, concluye la respuesta.
Por último, otra de las consultas del Informe N°144 recae en si existieron o no reuniones entre el Agregado Militar en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con autoridades británicas, aunque el Gobierno respondió que la Argentina busca “mantener una relación con el Reino Unido que contemple un diálogo sustantivo y constructivo sobre todos los temas de interés común, incluyendo las negociaciones sobre soberanía”. “Por parte del Ministerio de Defensa se informa que el Agregado de Defensa de la República Argentina acreditado en el Reino Unido, como todos nuestros agregados militares en el exterior, actúa como representante oficial ante las instituciones de defensa del país anfitrión y cumple funciones de enlace y diplomacia militar”, concluye la respuesta número 1062.
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