El Ministerio de Defensa de España anuló la licitación para adquirir 40 drones ligeros destinados a la Comandancia de Melilla, en medio de una creciente polémica por el origen de los equipos. Según la resolución oficial, se detectó una “infracción no subsanable” en el proceso de contratación, lo que obligó a dar marcha atrás con el plan de compra. La cancelación llega después de que trascendiera que los modelos seleccionados pertenecían al fabricante chino DJI, incluido por Estados Unidos en su lista negra por supuestos vínculos con la inteligencia militar de Pekín.
También incluía la adquisición de un sistema digital portátil para coordinar misiones tácticas en múltiples escenarios. La decisión de suspender la licitación refleja la sensibilidad política y estratégica que rodea al uso de tecnología china en ámbitos militares europeos.
Washington había advertido sobre los riesgos de espionaje asociados a estos equipos, advirtiendo que podían facilitar la recolección de datos sensibles. La presión estadounidense ya había generado fricciones en el pasado, como cuando alertó sobre la inclusión de tecnología Huawei en sistemas de seguridad españoles. La posible compra de drones DJI encendió nuevamente las alarmas en la relación bilateral entre Madrid y Washington.
DJI bajo la lupa internacional
La empresa Da Jiang Innovations (DJI), con sede en Shenzhen, es considerada la líder mundial en drones de uso civil y profesional. Sus productos se han integrado en distintos programas de modernización del Ejército de Tierra español, como las iniciativas Fuerza 35 y Ejército 2035. Además, sus equipos son utilizados por la Policía Nacional, la Guardia Civil y otras fuerzas de seguridad autonómicas, lo que refuerza su presencia en el aparato de seguridad del país.
Esta designación coloca a la compañía en la misma categoría que otras firmas como Huawei o Hikvision, también señaladas por riesgos de seguridad. La inclusión en la lista 1260H restringe sus operaciones en suelo estadounidense y advierte a sus aliados de los posibles riesgos de depender de su tecnología.
La polémica se intensificó cuando el Congreso y el Senado de Estados Unidos enviaron una carta a sus agencias de inteligencia denunciando la contratación de proveedores chinos en sectores estratégicos europeos. España, al figurar en estos informes, quedó bajo presión adicional para revisar sus adquisiciones militares y garantizar que no comprometan su cooperación en defensa con Washington.
Error administrativo y repercusiones diplomáticas
De manera oficial, la resolución del Ministerio de Defensa justifica la anulación de la licitación por un error en la documentación interna. Según el texto, el documento publicado como “aprobación del expediente” era en realidad solo una “propuesta de gasto”, lo que implica una irregularidad administrativa. Además, se consideró necesario rehacer los pliegos de condiciones y establecer nuevos criterios de evaluación con un enfoque en la relación coste-eficacia.
Más allá de la explicación administrativa, la decisión se produjo inmediatamente después de que la polémica por la compra de drones chinos señalados por espionaje llegara a la opinión pública.
La cancelación del contrato no solo tiene un impacto militar, sino también político. Refleja las tensiones que atraviesan la relación de España con China y Estados Unidos en un contexto de rivalidad global. La controversia también plantea dudas sobre cómo equilibrar las necesidades de modernización de las Fuerzas Armadas españolas con las exigencias de seguridad estratégica de sus principales aliados.
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