En el marco de su aproximación a la Unión Europea, Moldavia ha adoptado reformas legislativas y regulatorias que refuerzan el control estatal sobre el ecosistema mediático, justificadas por la necesidad de contrarrestar la influencia rusa en el periodo electoral. Bajo el liderazgo del Partido de Acción y Solidaridad (PAS) y la presidencia de Maia Sandu, el país ha implementado medidas que van desde la suspensión de canales prorrusos hasta la reestructuración del marco legal sobre medios de comunicación.
Se introdujeron definiciones precisas de “desinformación” y se facultó a los reguladores a sancionar a emisoras, suspendiendo licencias en caso de contenido considerado perjudicial para la seguridad nacional. Paralelamente, se derogó la prohibición general a contenidos informativos extranjeros, adoptando un sistema de regulación caso por caso.
Reguladores bajo presión política y críticas por concentración de poder
Las reformas alcanzaron también a los organismos de control como el Consejo Audiovisual y Teleradio Moldova. Desde 2021, el PAS impulsó cambios que aumentaron la influencia parlamentaria sobre estas entidades. Además, la figura del Consejo para la Promoción de Proyectos de Importancia Nacional, una estructura con atribuciones heredadas del estado de excepción, mantuvo la capacidad de retirar licencias sin supervisión judicial, amparándose en el concepto de “seguridad informativa”.
Entre 2023 y 2024, este organismo revocó las licencias de al menos nueve canales de televisión y dos emisoras de radio, alegando irregularidades financieras o falta de transparencia en la propiedad.
Repercusiones en el pluralismo y acusaciones de uso político de la regulación
El entorno mediático moldavo ha experimentado una transformación sin precedentes, siendo que los principales medios asociados con posturas prorrusas o de oposición han sido bloqueados, mientras que medios afines a la línea proeuropea del PAS, como TV8 o Ziarul de Gardă, permanecen activos.
El PAS defiende estas medidas como imprescindibles para proteger la integridad democrática del país, pero la oposición las interpreta como un intento de consolidar el poder antes de las elecciones de 2025. La suspensión de medios ocurrió en momentos clave del calendario electoral, debilitando el acceso a visiones alternativas justo cuando la presidenta Sandu enfrentaba la reelección, lo que genera sospechas sobre una posible instrumentalización del aparato estatal.
Diversos actores internacionales han pedido a Moldavia que incorpore salvaguardas legales en la nueva legislación mediática. Entre las recomendaciones clave figuran permitir apelaciones judiciales antes de la ejecución de sanciones, eliminar el registro obligatorio de periodistas, y delimitar con precisión los criterios para sancionar por desinformación.
El Tribunal Constitucional moldavo también señaló que la legislación vigente no garantiza la imparcialidad en periodo electoral, al permitir que estructuras ad hoc interfieran con los marcos regulatorios ordinarios. La Comisión de Venecia, por su parte, advirtió que la concentración de poder regulatorio sin controles independientes puede abrir la puerta a abusos futuros, incluso por gobiernos menos democráticos.
Libertad de prensa frente a seguridad nacional en una encrucijada democrática
La lucha contra la propaganda extranjera en Moldavia ha generado un dilema político y jurídico de alto voltaje, donde el equilibrio entre seguridad nacional y libertades fundamentales. Las acciones del PAS se alinean con una narrativa proeuropea y reformista, pero sus métodos, que involucran el cierre de medios, decretos ejecutivos y sanciones extrajudiciales, provocan inquietud entre observadores internacionales y voces locales de la sociedad civil.
Las elecciones parlamentarias de 2025 y el proceso de adhesión a la UE son la próxima prueba. De cómo el gobierno gestione las reformas pendientes y responda a las recomendaciones internacionales dependerá si Moldavia fortalece su democracia o si incurre en prácticas autoritarias bajo la bandera de la protección informativa.
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