La Embajada argentina en España enfrenta una nueva controversia por designaciones excepcionales, uso discrecional de recursos públicos y gestos simbólicos que ponen en entredicho la neutralidad profesional del servicio exterior. La sede diplomática en Madrid, históricamente considerada un destino estratégico, ha quedado envuelta en acusaciones por supuestas redes de favoritismo y politización de cargos sensibles.
El epicentro de las críticas recae sobre la figura de Alejandro Nimo, actual consejero comercial, quien llegó a la representación durante el gobierno de Alberto Fernández y fue ratificado en funciones por la administración de Javier Milei en 2024. Nimo es señalado por haber promovido el nombramiento de Eva María Carrasco Bañuelos, ciudadana española y esposa de su profesor en un máster universitario, para dirigir el Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján” en Madrid, con un salario superior a los 6.000 euros mensuales.
Tal como expuso Clarín, Carrasco no solo fue elegida para un cargo históricamente reservado a ciudadanos argentinos con méritos académicos comprobados, sino que además condecoró semanas más tarde al economista Jesús Huerta de Soto —director del máster en Economía de la Escuela Austríaca que Nimo cursó en la Universidad Rey Juan Carlos— en una ceremonia oficial dentro del Colegio Mayor. El nombramiento fue oficializado mediante la Resolución 183/2025 del Ministerio de Capital Humano, que además exceptuó a Carrasco del requisito de nacionalidad mediante la Decisión Administrativa N.º 8/25.
La investigación expuso que Nimo también habría obsequiado a Huerta de Soto un cuadro del artista Richard Somonte en el que este aparece junto al presidente Javier Milei vestidos de toreros.
Excepciones legales y tensiones normativas
El caso ha reavivado el debate sobre los límites legales de las designaciones políticas en el exterior. La Ley del Servicio Exterior de la Nación (N.º 20.957) solo permite incorporar funcionarios políticos con rango de embajador extraordinario. Sin embargo, Nimo fue ratificado con rango de consejero, lo que genera dudas sobre la validez de su continuidad y expone una posible irregularidad administrativa.
En paralelo, el artículo 4° del Anexo de la Ley 25.164 establece el requisito de nacionalidad para ingresar a la administración pública nacional. La excepción otorgada a Carrasco para asumir un cargo rentado y representativo del Estado argentino fue posible únicamente por una decisión ad hoc del Ejecutivo.
¿Cambios en la diplomacia argentina?
Documentos internos filtrados revelan una propuesta impulsada desde la Embajada en Madrid para reemplazar el modelo tradicional de diplomacia por una “Diplomacia de la Libertad”, basada en el cierre de embajadas físicas, el teletrabajo desde Buenos Aires y la delegación de funciones comerciales a entidades privadas como cámaras empresarias.
Esta lógica coincide con las políticas de recorte del Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza Gerardo Werthein, quien asumió el cargo tras la destitución de Diana Mondino en octubre de 2024. Desde entonces, se suspendió el ingreso al Instituto del Servicio Exterior (ISEN) y se mantiene congelado el traslado al exterior de más de 60 diplomáticos. Para muchos, se trata del primer paso hacia una reconfiguración profunda —y regresiva— del servicio exterior argentino.
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