Un juzgado de Bolivia ordenó la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de dos contratos de litio firmados con empresas de Rusia y China, desatando una nueva controversia sobre el manejo de los recursos estratégicos del país. El fallo judicial, emitido en la región de Potosí, responde a una acción popular presentada por 53 comunidades originarias que denuncian la falta de estudios de impacto ambiental y la ausencia de consulta previa. Pese a la decisión judicial, el Gobierno de Luis Arce insiste en avanzar con la aprobación parlamentaria de los acuerdos para la explotación del litio, argumentando que ni el Ministerio de Hidrocarburos ni la compañía estatal YLB han sido oficialmente notificados.
Fallo judicial sacude el desarrollo del litio en Bolivia
Un juzgado boliviano ordenó la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de dos contratos clave para la industrialización del litio, firmados por el Gobierno de Luis Arce con la empresa china Hong Kong CBC y la rusa Uranium One. La decisión judicial también instruyó al Ministerio de Hidrocarburos y a la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) a abstenerse de ejecutar cualquier acción vinculada a los acuerdos, en tanto no se resuelva el fondo del proceso.
La medida responde a una acción popular presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, que agrupa a más de 50 comunidades indígenas en el departamento de Potosí, quienes denuncian la falta de consulta previa y estudios ambientales adecuados para los proyectos en el salar de Uyuni. Los contratos, firmados entre septiembre y noviembre de 2024, contemplaban inversiones por más de 2.000 millones de dólares y el uso de tecnología de extracción directa de litio para producir hasta 49.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
Frente a la decisión del Poder Judicial, Arce insiste en seguir avanzando en la aprobación de los contratos
A pesar del fallo judicial que ordena la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los contratos de litio con empresas de Rusia y China, el Gobierno de Luis Arce reafirmó su decisión de continuar con el proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa. El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, aseguró que ni el Ministerio de Hidrocarburos ni YLB han sido notificados formalmente sobre la medida cautelar dictada por el juzgado de Colcha K, en Potosí, por lo que, según sus declaraciones, no existiría impedimento legal para que la Asamblea Legislativa avance con el tratamiento de los documentos.
El Ejecutivo sostiene que los contratos no generan efectos legales hasta que no sean ratificados por el Legislativo, y defendió que hubo instancias de socialización previas. Sin embargo, organizaciones indígenas han denunciado la falta de participación efectiva en el proceso y señalaron impactos ambientales preliminares, como la reducción del acceso al agua. Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del mundo, con unos 23 millones de toneladas concentradas principalmente en el salar de Uyuni.
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