Por Rafaela Monteleone miembro de Politólogos al Whisky
El viernes 16 de abril Felipe Solá presentó, junto con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la embajadora de Argentina frente a las Naciones Unidas, María del Carmen Squeff, la candidatura argentina al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2022-2024. También participó Cecilia Meirovich, directora de Derechos Humanos de la Cancillería.
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental ubicado dentro de las Naciones Unidas y que está específicamente compuesto por un total de 47 Estados, según lo establecido en el párrafo siete de la resolución 60/251 de la Asamblea General. Estos países miembros son elegidos de forma individual y directa por votación secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea General y pueden ser reelectos por segunda vez consecutiva. Este mismo Consejo está compuesto en base a una “distribución geográfica equitativa”, donde al Grupo de Estados de América Latina y el Caribe le corresponden ocho escaños.
Argentina, quien ocupa una banca en este Consejo desde el 2019, busca la reelección para el ciclo 2022-2024, con el fin de comprometerse “a luchar por el fortalecimiento de los procedimientos especiales del Consejo y por el reaseguro que sus titulares puedan ejercer su labor de manera independiente” como también “seguir contribuyendo a elevar los niveles de protección y estándares internacionales en derechos humanos” según lo relatado por el canciller Felipe Solá.
“Somos muy respetuosos y escuchamos los aportes y recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, y sabemos también que ellos se nutren de las políticas de derechos humanos que lleva adelante el Estado argentino” expuso Pietragalla, estableciendo la importante relación entre las políticas argentinas en relación a los derechos humanos y las sugerencias del organismo, las cuales desde cancillería han sido consideradas como “transversales” a las políticas públicas que se realicen, como también “uno de los pilares fundamentales de la política exterior argentina”.
A su vez y con gran importancia la pandemia ha sido un punto a tener en cuenta a la hora de hablar de la candidatura y los desafíos que se podrían ocasionar. El coronavirus “ha avanzado sobre el goce de todos los derechos” y ha profundizado “los niveles de desigualdad de género, al tiempo que se ha incrementado el riesgo de violencia contra mujeres y niñas” continuó Felipe Solá, resaltando así la importancia y obligación de poder revertir y amortiguar las consecuencias del Covid-19 a los Derechos Humanos, sobretodo en el ámbito de violencia de género.
Como último punto, el canciller Solá mantuvo el apoyo ferviente a Michelle Bachelet en su lucha por “la supervisión de la situación de derechos humanos como en la creación de capacidades institucionales para que estas violaciones no ocurran, sea quien sea el país que viole los derechos humanos y cualquiera sea su ideología o su identidad política”, pero también teniendo en cuenta que existen y deben de ser “evitados” dos peligros: “la polarización y la estigmatización que siempre están acechándonos y proponer en su lugar una mayor cooperación internacional”.
A modo de conclusión, la candidatura de Argentina tiene por lo menos tres focos a tratar: por un lado hacerle frente a los problemas que genera la pandemia en el correcto desarrollo de los Derechos Humanos, sobre todo en cuestiones de género; en segundo lugar, que las cuestiones ideológicas no polaricen y deterioren la lucha por los mismos derechos; y en tercer lugar, seguir siendo considerado como un Estado que tiene mucho que brindar con respecto al desarrollo y protección de los Derechos Humanos en el plano internacional, apostando así a la cooperación internacional.
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