Caracas reacciona con indignación ante la decisión judicial de transferir la propiedad del avión de carga venezolano incautado a las autoridades estadounidenses, calificando la medida como un “robo” a la propiedad estatal. Un juez federal en Argentina aprobó esta transferencia, según confirmó el Ministerio de Justicia de Argentina, marcando un giro en la prolongada saga judicial y diplomática que también involucra a Irán.
Desde Buenos Aires, el juez federal Federico Villena ordenó el mantenimiento, aseguramiento y embargo definitivo del avión Boeing 747, propiedad de la empresa venezolana Emtrasur, filial de la aerolínea estatal Conviasa. Este avión ha estado retenido en Argentina desde junio de 2022, cuando aterrizó procedente de México con un cargamento de autopartes, después de intentar ingresar sin éxito a Uruguay.
La tripulación, compuesta por venezolanos e iraníes, fue inicialmente detenida pero luego liberada. Estados Unidos afirmó que uno de los tripulantes tenía vínculos con la Fuerza Al Quds, un grupo de la Guardia Revolucionaria iraní clasificado como organización terrorista. El avión fue vendido a Emtrasur por Mahan Air de Irán en octubre de 2021, violando, según Estados Unidos, sus sanciones contra ambos países.
Tras conocerse la decisión judicial, el gobierno venezolano denunció el fallo, considerándolo un intento de “consumar el robo de una aeronave venezolana”. Maduro rechazó la decisión, describiéndola como subordinada a los intereses imperiales y acusando a Argentina de violar su propia legislación y el derecho internacional. En el pasado, Venezuela y Teherán han protestado contra los intentos de Estados Unidos de apoderarse del avión, buscando el respaldo de Argentina en este asunto.
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