El anuncio de la Ley Ómnibus, formalmente denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, presentada por el presidente Javier Milei el 27 de diciembre, ha sacudido diversos sectores de la economía y la política argentina. Esta ley propone reformas significativas en ámbitos como la economía, la fiscalidad, la energía, el sistema penal y el sistema electoral, generando un amplio debate en el Poder Legislativo.
Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la posibilidad de privatizar empresas estatales. Entre las 41 empresas listadas para esta eventual privatización se encuentra Nucleoeléctrica S.A (NA-SA), la entidad estatal responsable de operar las tres centrales nucleares en Argentina. La privatización de NA-SA
La empresa gestiona las tres centrales nucleares argentinas: Atucha I y Atucha II en Zárate, así como la Central Nuclear en Córdoba. Estas generan aproximadamente el 7% de la producción de energía eléctrica del país.
El artículo 8 de la Ley define como “sujeta a privatización” a empresas y sociedades de propiedad estatal, incluyendo a Nucleoeléctrica S.A. y Dioxitek S.A., otra entidad estatal que provee insumos para centrales nucleares. Por otro lado, los artículos 10 y 11 introducen cambios en la legislación nuclear existente, eliminando ciertas protecciones y derechos del Estado en caso de privatización.
Nicolas Sidicaro señala que esta no es la primera vez que se intenta privatizar el sector nuclear. En la década de 1990, se reestructuraron las competencias nucleares creando diferentes entidades, incluyendo Nucleoelectrica Argentina SA. Sin embargo, estos intentos previos de privatización se enfrentaron a obstáculos significativos, incluida la resistencia de los trabajadores y las complejidades regulatorias tanto a nivel nacional como internacional.
Interrogantes tras la posibilidad de privatización
La privatización de un sector tan delicado como el nuclear plantea interrogantes cruciales, especialmente en lo que respecta a la seguridad. Florencia Barragan plantea a través de las palabras de un ex director de NA-SA serias dudas con respecto a las responsabilidades ante una emergencia o un imprevisto en las centrales nucleares argentinas.
Además, el hecho de que Nucleoeléctrica cuente con un personal capacitado y una situación financiera estable cuestiona la justificación económica de esta medida, sugiriendo que podría estar impulsada más por consideraciones ideológicas que por argumentos financieros sólidos.
Ante este nuevo escenario, surge una serie de interrogantes sobre cómo la eventual privatización de Nucleoeléctrica podría reconfigurar uno de los sectores clave de la matriz productiva nacional. Factores como la seguridad, la investigación y el desarrollo en el campo nuclear se convierten en puntos críticos que requieren un planteamiento riguroso sobre la decisión a tomar. Ya que la privatización de una empresa estratégica para el país podría acarrear una serie de consecuencias y condiciones para el futuro no solo energético, sino también la seguridad en las infraestructuras críticas del Estado Nacional.
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Si se privatizan las centrales nucleares, las empresas privadas deberán hacerse cargo de mantenimiento, reparaciones, disposición de los combustibles quemados y desmantelamiento de las centrales al fin de la vida útil. Es decir, no entregar las ganancias por venta de electricidad y quedarnos con las pérdidas……Este criterio debería aplicarse en todas las privatizaciones..,.
Entregar nuestro sector nuclear bajo el pretexto de lograr mayor eficiencia además de ser una mentira es un error enorme…el sector nuclear es una capacidad estratégica a la que ningún país con dos dedos de frente renuncia ni entrega al mejor postor, de hecho el rol del estado en el sector nuclear de los países centrales fue y es fundamental, asumiendo los riegos de investigación, desarrollo e inversión de obras completas. Pero bueno, quizá una vez mas y como hace 500 años, entreguemos nuevamente nuestro oro a cambio de espejitos de colores.