Un acuerdo entre Chile y el Reino Unido sobre cooperación antártica ha generado inquietudes sobre la influencia en los reclamos de soberanía en la región, especialmente para Argentina.
Recientemente, Chile y el Reino Unido, ambos firmantes originales del Tratado Antártico, han anunciado la formalización de un acuerdo de cooperación antártica mediante una Carta de Intención que abarcará los próximos cinco años (2023/2028). Este pacto, revelado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Desarrollo, refleja el compromiso conjunto de ambas naciones para preservar la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y la ciencia.
El Ministro de Asuntos Exteriores para las Américas, el Caribe y los Territorios Británicos de Ultramar, David Rutley, desempeñó un papel clave en la diplomacia regional, siendo parte esencial en este acuerdo. La Carta de Intención aborda cuatro áreas específicas de cooperación, incluyendo un diálogo bilateral en Asuntos Antárticos, la participación en el Sistema del Tratado Antártico, la cooperación científica y otros intercambios.
Cooperación y desafíos para Argentina
El acuerdo resalta la intención de fortalecer la protección del medio ambiente antártico, discutir iniciativas conjuntas en el marco de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico y promover la cooperación científica. Esto plantea desafíos para Argentina, que ha mantenido reclamos de soberanía en la región desde la instalación de la Base Orcadas en 1904.
La Antártida, aunque deshabitada, es motivo de disputa territorial. Siete países, incluyendo Argentina, Chile y el Reino Unido, reclaman partes de su extenso territorio. En este contexto, el reciente acuerdo entre Chile y el Reino Unido puede influir en los reclamos territoriales, ya que ambos países superponen parcial o totalmente sus reclamaciones con las de Argentina.
Argentina instaló la primera base permanente en la región en 1904, considerándola una extensión natural de su provincia más austral. Sin embargo, el Reino Unido, controlando ilegalmente las Islas Malvinas, hizo su propia reclamación en 1908, superponiéndose con la argentina. Chile se sumó en 1940, argumentando la continuidad natural de su territorio.
Tratado Antártico y reclamos de Soberanía
El Tratado Antártico de 1959, firmado por Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica y la entonces Unión Soviética, buscaba asegurar la libertad de investigación científica y promover la cooperación internacional con fines pacíficos en la Antártida. Argentina es parte consultiva desde su entrada en vigor en 1961.
Con el objeto de evitar que el asunto de los reclamos pudiera extenderse, el Tratado establece que, mientras esté vigente, no se efectuarán nuevas reclamaciones de soberanía en la Antártida, ni se ampliarían las ya existentes.
En virtud del Artículo IV del Tratado Antártico, los reclamos de soberanía se encuentran bajo una fórmula de salvaguardia, que se conoce como “congelamiento” de los reclamos. El Tratado dispone que nada en el Tratado ni las actividades llevadas a cabo luego de su entrada en vigor puedan ser interpretadas como una renuncia o menoscabo de los derechos de soberanía, de los fundamentos de esos reclamos o de la posición de los países con reclamos de soberanía. De esta forma, al no afirmar ni desconocer derechos territoriales, el Tratado preserva la posición de los Estados reclamantes, al tiempo que la armoniza tanto con los países que reservan sus fundamentos de reclamación, como con aquellas Partes que desconocen cualquier tipo de reivindicación de soberanía.
A medida que se refuerzan las cooperaciones bilaterales entre Chile y el Reino Unido, Argentina enfrenta la tarea de asegurar su posición y soberanía en la Antártida.
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Es al cohete, esta gente está aliada con nuestro usurpador, UK, esté el gobierno que esté. Esto rompe la tonta teoría de que no tenemos hipótesis de conflicto, que vivimos en un vecindario de gente buena y sin malas intenciones. Lamentablemente hoy nuestras FFAA no tienen el poder necesario para constituirse en un instrumento de disuasión creíble para defender nuestros derechos soberanos, responsabilidad de TODA la clase política argentina desde la vuelta de la democracia.