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El Parlamento israelí, conocido como la Knéset, aprobó hoy definitivamente la ley que pone fin a la doctrina de la razonabilidad. Esta ley es la primera parte del conjunto legislativo de la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
La votación contó con 64 votos a favor, provenientes de todos los diputados de los partidos de la coalición gubernamental, mientras que los 56 diputados del bloque opositor se ausentaron y no emitieron su voto.
La doctrina de la razonabilidad, que ahora ha sido anulada, permitía al Tribunal Supremo revisar y revocar decisiones o nombramientos gubernamentales. Esta doctrina era vista por el movimiento de protestas como una importante salvaguardia democrática frente a posibles abusos de poder.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Yariv Levin, arquitecto del conjunto de reformas propuesto por Netanyahu con el objetivo de lograr un mayor equilibrio entre las ramas del gobierno, no se dejó intimidar. En un discurso, declaró: “Hemos dado el primer paso en un proceso histórico e importante para corregir el sistema judicial y devolver al gobierno y al parlamento los poderes que les fueron arrebatados”.
Los críticos temen que estas reformas busquen limitar la independencia judicial.
¿En qué consiste esta reforma judicial?
La reforma judicial tiene como objetivo principal otorgar al Parlamento israelí, la Knéset, y por ende, a los partidos en el gobierno, un mayor control sobre el poder judicial de Israel.
Estos cambios abarcarían desde la forma en que se seleccionan a los jueces hasta la jurisdicción de los casos que el Tribunal Supremo puede abordar, incluso permitiendo al Parlamento anular las decisiones de esta corte. Esta sería la transformación más significativa del poder judicial israelí desde su creación en 1948.
Una de las principales prioridades del gobierno de Netanyahu es modificar la composición del comité de nueve miembros encargado de seleccionar a los jueces, con el propósito de que el gobierno tenga mayoría en dicho comité.
Netanyahu y sus seguidores argumentan que el Tribunal Supremo se ha convertido en un grupo cerrado y elitista que no representa adecuadamente al pueblo israelí. Sostienen, además, que el Tribunal Supremo ha excedido sus funciones al inmiscuirse en asuntos que no le corresponden.
Aún más complicado, con el proyecto de ley aprobado, el Tribunal Supremo deberá decidir sobre leyes que limitan su propio poder. Esto podría desencadenar en un enfrentamiento constitucional. ¿El Tribunal Supremo anulará esas leyes? Si es así, ¿cómo reaccionará el gobierno ante esta situación?
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