Mientras el Gobierno defiende la nueva Ley de Seguridad Nacional diciendo que es una defensa de su soberanía, muchos la ven como una respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al operativo secreto de la DEA que terminó con la captura del general Salvador Cienfuegos y que causó molestias en la administración mexicana.
La iniciativa fue aprobada con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones. De esta manera, la cámara baja ratificó la reforma aprobada la semana pasada por el Senado y ahora será enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.
Entre las reformas que contempla la ley se encuentra la obligación de los agentes de otros países a compartir su información con las autoridades mexicanas. Adicionalmente, prohíbe que estos arresten personas, exige una autorización para el porte de armas, restringe la inmunidad judicial y amenaza con expulsar a quienes violen las normativas.
Reforma podría limitar actividades de la DEA
La nueva legislación se aplicaría a las labores de cualquier agente extranjero con actividad policial en el país. Sin embargo, para muchos la medida es una respuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las actividades de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
México y Estados Unidos cuentan con una larga historia de cooperación en materia de seguridad que data de la década de los setentas. Estos lazos se estrecharon en 1989, cuando ambas naciones firmaron el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia.
El propósito de este pacto era básicamente “promover la cooperación entre las partes a fin de que puedan combatir con mayor eficacia al narcotráfico y la farmacodependencia, fenómenos que trascienden las fronteras de ambas partes”, de acuerdo con el documento.
Sin embargo, en octubre de 2020, el Gobierno mexicano expresó su malestar luego de no haber sido notificado del gran operativo que ejecutaba la DEA en contra del general Salvador Cienfuegos, quien fue capturado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. La DEA indaga los presuntos vínculos de Cienfuegos con el narcotráfico, cuando él dirigía el Ejército y ejercía como Secretario de Defensa durante el mando del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“No se vale”, reprochó López Obrador cuando se conoció el operativo y se quejó de que los agentes estadounidenses participaran en México, sacaran información y resolvieran qué hacer “sin dar a conocer al Gobierno de México lo que están investigando”.
La inconformidad del mandatario fue tal que los fiscales encargados del caso de Cienfuegos aceptaron deportar al investigado a México a pesar de que inicialmente rechazaron la posibilidad de una libertad bajo fianza. Además, el argumento que dieron dejó entrever ciertas presiones políticas. “Estados Unidos ha determinado que las delicadas e importantes consideraciones de política exterior pesan más que el interés del gobierno en llevar a cabo el enjuiciamiento del acusado”, expresa un documento judicial de los fiscales estadounidenses.
Varios medios como The Washington Post aseguraron que López Obrador presionó al Gobierno de Donald Trump para que liberara a Cienfuegos o, de lo contrario, México limitaría sus esfuerzos en la lucha contra las drogas que tanto le interesa a Estados Unidos. Incluso, se habló de que el mandatario mexicano pactó la captura de capos del narcotráfico a cambio del regreso del militar; señalamientos que López Obrador negó.
