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En el día de la fecha se cumplen 190 años de la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas por Reino Unido el 3 de enero de 1833. En este sentido, el territorio fue ilegalmente ocupado por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por ciudadanos británicos que instauraron desde entonces una serie de medidas restrictivas para evitar el reasentamiento del pueblo argentino.
Este acto de fuerza británico considerado contrario al derecho internacional y que fue llevado adelante en un contexto de paz sin que mediara comunicación ni declaración previa alguna, y que culminó finalmente con la ocupación ilegal de las Islas Malvinas, fue inmediatamente rechazado y protestado por las autoridades argentinas de aquel entonces. Y a partir de ese momento, todos los sucesivos gobiernos argentinos han reafirmado ininterrumpidamente sus legítimos e imprescriptibles derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Desde el 3 de enero de 1833, el ejercicio efectivo de la soberanía sobre dichos territorios por parte del gobierno argentino fue interrumpido mediante un acto de fuerza ilegal británico. A partir de ese momento, subsiste una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tal como fue reconocida por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2065 (XX).
Esta resolución, adoptada en el año 1965 sin ningún voto en contra, consagra el llamado de la comunidad internacional a proceder sin demora a negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. A su vez, la comunidad internacional también ha reiterado la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales lo más pronto posible, y que fue expresado en 10 resoluciones de la Asamblea General y en más de 40 resoluciones del Comité Especial de Descolonización de la ONU, y de igual modo en numerosas declaraciones de foros regionales y multilaterales tales como la OEA, el G77 más China, el MERCOSUR, la Cumbre Iberoamericana, la CELAC, el SICA, el PARLASUR, el PARLACEN, el Foro de Cooperación América del Sur- África (ASA) y la Cumbre Países Árabes – Sudamérica (ASPA).
Sin embargo, y pese a los reiterados pedidos de Argentina y la comunidad internacional, la negativa británica a cumplir con la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos y de poner fin al colonialismo en todas sus formas aún persiste y se encuentra agravada por la continua introducción de actos unilaterales por parte del Reino Unido. Estas acciones incluyen desde la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables – algo que Argentina ha rechazado ininterrumpidamente – hasta el mantenimiento de presencia militar en las islas, con la que regularmente realiza maniobras y ejercicios.
Asimismo, y como parte de la militarización británica en el Atlántico Sur, recientemente el Reino Unido ha buscado introducir fuerzas de seguridad de terceros actores en las islas, algo a lo que Argentina ha protestado enérgicamente ya que constituye un apartamiento deliberado de los llamamientos de las numerosas resoluciones tanto de las Naciones Unidas como de otros organismos internacionales.
En definitiva, todos estos actos unilaterales británicos resultan ser contrarios a la resolución 31/49 dispuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que lograron suscitar múltiples expresiones de preocupación y rechazo por parte de la comunidad internacional.
Por otro lado, la presencia militar británica también contradice la resolución 41/11 de la Asamblea General (que refiere a la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten la región del Atlántico Sur considerada como zona de paz y de cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región.
En línea a todos estos actos, también se suma el hecho de que Argentina advierte que hasta la actualidad se han ejercido con discrecionalidad políticas migratorias que resultan en la limitación de la posibilidad de establecer residencia, adquirir tierras, contraer empleo o iniciar actividades comerciales o profesionales en las Islas Malvinas, en particular respecto de los argentinos provenientes del territorio continental.
Luego de 190 años de colonialismo en las islas Malvinas, la comunidad internacional reiteró el llamado a poner fin a esa situación anacrónica, mientras que Argentina reafirma su disposición a retomar las negociaciones con el Reino Unido conforme a la adopción de la resolución 2065 (XX), período en el que las dos partes pusieron en marcha los mecanismos de negociación estipulados en dicha Resolución, y asimismo, reitera el pedido al Secretario General de la ONU que renueve los esfuerzos en el cumplimiento de la misión de buenos oficios que le fuera encomendada por la Asamblea General a través de sucesivas resoluciones.
Finalmente, la República Argentina reafirma una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre esos territorios australes, conforme el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, es un objetivo permanente e irrenunciable de los sucesivos gobiernos argentinos, tal como se encuentra plasmado en la disposición transitoria primera la Constitución Nacional del país.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.
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