La población indígena ecuatoriana: Símbolo de lucha latinoamericana

Por Valentina Borghi Ponti (Politólogos Al Whisky) – 28/10/2020

La comunidad indígena en América Latina constituye uno de los grupos con mayor vulnerabilidad social, y pese a que se considera una población desplazada de la escena política, aproximadamente 50 millones de personas en Latinoamérica forman parte de la misma (de Dios, 2020). Y aunque la mayor población se encuentra en México, Guatemala, Perú y Bolivia, representando el 8% de la región (de Dios, 2020), la comunidad indígena en Ecuador se torna un actor esencial en el país, y su representación en la vida política nacional y regional es cada vez mayor. 

La población indígena ecuatoriana se enfrenta dia a dia a nuevos desafíos, como una mayor marginación por su escaso acceso a las tierras, un menor grado de escolarización, un sistema de salud poco accesible e inexistente para los miembros, entre otras, que se engloban en un único reclamo: la falta de respuesta por parte del Estado. De allí surgen sus principales demandas al Gobierno, donde la reivindicación de sus derechos se convierte en el motivo más importante. Frente a esta realidad, las organizaciones indígenas han emprendido diversos procesos por la protección de sus derechos y han decidido luchar por convertirse en los “nuevos actores” de la vida nacional. 

En octubre del 2019 comenzaba una nueva etapa para la población indígena en Ecuador, que se adueñaba de la escena política al pie de la manifestación en el parque del Arbolito, próximo a la Asamblea Nacional. La misma se posicionaba en contra de las medidas económicas del presidente Lenín Moreno, entre ellas, la liberación del precio del diésel. Las disidencias entre protestantes y fuerzas de seguridad no tardaron en llegar, y cientos de proyectiles de gas se apropiaron del lugar.  

Un año después y en conmemoración del Paro Nacional en 2019, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) declaró octubre como el “Mes de la Resistencia Indígena y Popular”. Este mismo mes, La Asociación de Víctimas Inocencia Tucumbi y la CONAIE presentaron una denuncia contra el Estado ecuatoriano por “delitos de lesa humanidad” durante las manifestaciones en 2019, demandando al presidente Lenín Moreno y altos funcionarios estatales como también a gran parte de las fuerzas de seguridad. 

El movimiento indígena demostró que su lucha no había terminado y ratificó su entereza, pero esta no es la primera vez que esto ocurre en su historia. En 1996, el presidente Abdalá Bucaram anunciaba el “paquetazo de año nuevo”, un conjunto de llamativas medidas económicas , como el congelamiento del salario mínimo, entre otras. El desagrado de la población fue el detonante de una serie de protestas por parte de varios sectores, entre ellos el movimiento indígena. Para febrero de 1997, el Congreso Nacional destituyó a Bucaram. 

A su vez, rondaba el año 2000 cuando Jamil Mahuad llevaba casi dos años de mandato como presidente de Ecuador, cargo del que fue destituido en enero por la presión que ejercieron los miembros de la CONAIE, quienes tomaron las calles de Quito con el apoyo de diversos coroneles de las Fuerzas Armadas. 

Las circunstancias variaron en la caída de estos dos gobiernos. Sin embargo, el factor común radica en el descontento de la población, donde la comunidad indígena tuvo un rol protagónico en las movilizaciones sociales. Hoy día, aunque sus reclamos rondan criterios distintos, van ganando cada vez más terreno en la escena nacional y su presencia en la vida política continúa. La lucha contra las empresas transnacionales en sus territorios que degradan el ambiente y pasan por alto su soberanía, como también el impacto de las compañías petroleras y palmicultoras que contaminan los ríos y los suelos, se tornan los motivos más importantes por los que las largas caminatas y las demandas al Gobierno se han intensificado. 

En la actualidad, los movimientos sociales se transforman en un ejemplo de proceso evolutivo, de cambio en la política doméstica e internacional. La comunidad indígena se consagró como un movimiento de lucha y como un actor político decisivo, debido principalmente a su resistencia y vitalidad. Sin embargo, estas comunidades ya no sólo utilizan su fortaleza y cohesión para enfrentarse a las injusticias, sino que también han comenzado a proyectar acciones legales ante instancias nacionales e internacionales para que, de una vez por todas, sus reclamos sean cumplidos y sus derechos respetados.

Fotografía: David Díaz Arcos