Con el reconocimiento de parte de 21 militares del ejército colombiano aceptando su responsabilidad por el asesinato y desaparición forzada de personas inocentes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se abre un camino hacia la reparación de las víctimas y la reconciliación con la fuerza pública.
Los llamados “falsos positivos”, el asesinato de personas a manos del ejército que fueron presentadas falsamente como guerrilleras, representa uno de los capítulos más oscuros en la historia de Colombia. En el hecho, las fuerzas militares abatieron al menos a 6.402 civiles presentándolos como “bajas en combate” durante los años de gobierno de Álvaro Uribe ente el 2002 y 2008.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia creado por el Acuerdo de Paz con las Farc-EP. Es la encargada de administrar justicia y satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofreciéndoles verdad y reparación, contribuyendo a una paz estable. Su existencia representa una amenaza expresa para los miembros del partido Centro Democrático (CD) fundado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quienes siguen oponiéndose sistemáticamente a la justicia transicional.
Por ejemplo, en el primer foro de los precandidatos por el CD en Octubre pasado, la senadora María Fernanda Cabal afirmaba rotundamente que “los 6.402 falsos positivos son un invento de la izquierda”. En efecto, según los detractores de los acuerdos de paz “las ejecuciones extrajudiciales son parte de una narrativa que solo busca destruir el honor de la Fuerza Pública y que con la JEP se inventaron un tribunal a la medida de las Farc”.
Por el contrario, con las recientes declaraciones hechas por los miembros del Ejército se deja en evidencia la responsabilidad del Estado en relación a los crímenes perpetrados durante el gobierno de Uribe. De este modo, se cierra una brecha de años en el país donde por un lado, los familiares de las víctimas exigían verdad y justicia, y por el otro quienes alegaban que solo se trató de unos pocos casos aislados y justificados.
Con el reconocimiento público ante lo ocurrido del general en retiro Paulino Coronado Gámez, no solo representa un paso esencial en el proceso de reconciliación y búsqueda de verdad; sino también la aceptación por parte de los altos mandos del ejército de que estaban en conocimiento de los hechos. Asimismo, es una forma de confesar que el Estado creo grupos paramilitares con la sola finalidad de perpetrar dichos crímenes.
Es decir, son acciones que van en línea con las demandas realizadas durante años por las víctimas: “que pidan perdón, que acepten los cargos y reconozcan la existencia de estos crímenes revelando quiénes fueron los altos mandos que dieron la orden”. Al mismo tiempo, son pasos esenciales que la JEP debe tomar con el objetivo de resarcir el daño causado a las víctimas, no enfocándose tanto en las penas del tipo retributivas a las que el país estaba acostumbrado históricamente.
Como resultado de la aceptación de los “falsos positivos”, los militares hallados como responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad recibirán sanciones del tipo restaurativas, evitando de esta manera ir a prisión.
En suma, estas primeras imputaciones y reconocimientos constituyen solo el comienzo de un largo proceso que involucra a un gran número de miembros de la Fuerza Pública en la búsqueda de reparación hacia las víctimas y la reconciliación con los diferentes actores del conflicto. Son importantes pasos que empoderan a la justicia transicional en el arduo camino de reconstrucción de la verdad y, al mismo tiempo, deslegitiman a sus más arduos difamadores.
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